Opinión: La regulación del precio de los alimentos

Con la expedición de la Circular 10 de 2020 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (que se conoce con el extenso acrónimo, CNRPMDM), se fija el valor de 770 presentaciones comerciales de fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades (diabetes, enfermedades respiratorias, óseas, oncológicos, desórdenes metabólicos, afecciones cardíacas, oftalmológicos, urológicos, entre otros). Con esta decisión el Gobierno reafirma su compromiso de mejorar el servicio y el acceso a la salud de los colombianos.

Desde el Estado, la regulación para los medicamentos no ha sido una labor fácil, y se ha convertido en un campo de batalla donde, además de múltiples demandas, ha habido presiones de todo tipo. La batalla comenzó hace más de 20 años, cuando la CNRPMDM empezó a regular precios. En relación con eso también se hizo el anuncio importante de que se está trabajando en una nueva metodología, muy consultada con las empresas farmacéuticas.

El meollo del asunto es que los gastos en salud pueden explotar a medida que la población colombiana envejece, un hecho que se corrobora con las cifras del Censo poblacional de 2018 que revelaron que para ese año había 40,4 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, cuando en 2005 eran solo 28,7. En esas condiciones, no solo se van a disparar los gastos en salud de los más viejos, sino que también cae relativamente el número de trabajadores activos que financian el sistema de salud.

Por esa razón, la regulación de los precios de los medicamentos resulta una política pública óptima, ya que los controles de precios no solo favorecen a los hogares colombianos que pueden gastar menos en ese rubro, sino que también alivia las cargas en el corto y mediano plazo del sistema de salud y, por esa vía, de las finanzas estatales. Con la expedición de la Circular 10, que en algunos casos reduce los precios hasta en un 84 %, se alcanza un ahorro total para el sistema de $320 mil millones en 2020, como anunció el Presidente.

La decisión seguramente va a afectar a grandes empresas farmacéuticas. El Gobierno tiene que estar en capacidad de juzgar y permitir un precio de venta más elevado durante los primeros años de comercialización de un medicamento. La idea es valorizar la innovación, no desincentivarla, pero el equilibrio que se alcance debe evitar que por premiar la innovación se cargue demasiado su costo sobre el frágil sistema de salud colombiano.

Para fortalecer las finanzas del sector salud, si bien el control de precios es muy importante, es una condición necesaria pero no suficiente. Para una solución definitiva deben sanearse las deudas de las EPS y el Estado con las clínicas y hospitales. Es importante precisar, en ese tema, cuánto reconocerán las EPS por procedimientos o medicamentos que se hagan por fuera del plan de beneficios.

Gran esfuerzo del Gobierno con su política de salud que ojalá pueda contar pronto con un titular en esa cartera para que la promueva. Con los 770 nuevos medicamentos regulados ya se alcanzan cerca de 2800 productos en esa categoría. El beneficio para los colombianos es gigantesco y algunos analistas estiman que el ahorro total para el Estado ya es superior el billón de pesos. Una política que, según los anuncios, debería mejorarse con la concertación con el sector privado, para el bien de los usuarios del sistema de salud.

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