Opinión: Corrupción modo coronavirus

Por Juan Lozano

Ojo. Que la emergencia no se convierta en una vena rota para llenarles los bolsillos a los corruptos que rondan por el servicio público y la contratación estatal. Las alarmas están prendidas y una gran cantidad de denuncias ciudadanas empiezan ya a llegar a los medios de comunicación y a los órganos de control.

Criminales desvergonzados aquellos servidores públicos que aprovechando la tragedia del coronavirus se lucran con la compra de mercados o insumos y equipos médicos, desde tapabocas y gel desinfectante hasta respiradores y unidades de cuidados intensivos. Ratas de cuello blanco, eso son. Las denuncias ciudadanas abundan.

Bajo la lupa ya hay contratos en Ibagué, Arauca, Sincelejo, Malambo, Soledad, Cajicá, La Palma, Guaduas, Girón, Coveñas y en gobernaciones como Cesar, Tolima, Arauca, Atlántico, San Andrés, para citar solo algunos casos. Corresponderá a las ‘ías’ establecer en cuáles de esos casos se cometieron las irregularidades o los delitos.

Las modalidades denunciadas incluyen anticipos exagerados, sobrecostos, discrepancias en cantidades y calidades, falta de idoneidad de proveedores, roscas de contratistas, abuso de la emergencia, pago de favores, cotizaciones amañadas, carruseles, en fin. Una galería pestilente.

Por eso es tan importante el trabajo conjunto que han emprendido el Contralor, el Procurador y el Fiscal para cerrar filas en un frente anticorrupción vigoroso que permita el trámite acelerado y simultáneo de las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Y es mucho lo que han avanzado en plataformas conjuntas, información compartida, inteligencia artificial y recepción acelerada de denuncias.

Para que su misión tenga éxito, requieren de todo el apoyo ciudadano, de los medios de comunicación, así como de la cooperación y comprensión de los mismos alcaldes y gobernadores. En el pasado hemos visto alcaldes y gobernadores ladrones, pero también hemos visto mandatarios honestos con colaboradores rateros. Todo ladrón debe ser drásticamente castigado.

En conversación pública reciente con el fiscal Francisco Barbosa me dijo con toda claridad y firmeza, a los cuatro vientos, que en su Fiscalía no habrá privilegios ni privilegiados y se refirió a ministros, alcaldes, gobernadores y servidores públicos por igual. El que robe, estimule los robos o los tolere pagará con cárcel. Así tiene que ser.

El contralor Felipe Córdoba, desde cuando fue Auditor, fue pionero en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la lucha anticorrupción y desenmascaró las primeras mallas de corrupción contractual en entidades territoriales. Hoy, según me explicó, tiene cerca de 60 analistas dedicados a esa tarea. Eso, entre otros resultados esperados, permitirá rastrear dentro de los contratistas favorecidos en la emergencia a los viejos amigotes de los círculos locales de poder y contratación.

Y puede también el señor Contralor aplicar el poder preferente de la Contraloría General y asumir directamente las investigaciones que los contralores municipales o departamentales están engavetando, maquillando o demorando.

Al procurador general, Fernando Carrillo, no le temblará la mano para suspender contratos o alcaldes cuando las evidencias indiquen que es aconsejable adoptar esas medidas. Su equipo trabaja a toda marcha, así me lo explicó, para tener muy pronto estos resultados. Y estoy convencido de que así ocurrirá, de manera que en la próxima semana empezaremos a conocer los resultados de este importante esfuerzo.

El mensaje ha de ser uno solo: frente unido contra el robo de la plata de la emergencia. Cuando los ciudadanos vean al primer alcalde o gobernador ladrón preso, o fuera de su cargo, entenderán que vale la pena denunciar y unir esfuerzos para desenmascarar a quienes aprovechan la emergencia como una oportunidad para robarse la plata de los colombianos.

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