Para aprovechar la pandemia, trataban de construir cementerio ecológico en Bogotá

Sin autorización una empresa de servicios funerarios inició la construcción de un parque cementerio ecológico en la localidad de La Calera en Bogotá.

Ante esta situación La Fiscalía presentó ante un juez de garantías a cuatro personas, entre ellas un ex funcionario, vinculado al proyecto que no tenía permiso del Municipio, presumiéndose que dicho funcionario tendrá responsabilidad en expedición de varias acciones ilícitas, que permitieron el avance de la irregular obra.

El mencionado Parque Cementerio Ecológico, está ubicado en la vereda Altamar , en las afueras del Municipio de La Calera

Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó a cuatro personas, entre ellas un exfuncionario, por su presunta responsabilidad en varias acciones ilícitas que permitieron avanzar con la construcción de un ‘parque cementerio ecológico’ en la vereda Altamar, en zona rural de La Calera (Cundinamarca).

Durante la audiencia, realizada de forma virtual, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados diferentes delitos, según el nivel de participación que tendrían en los hechos investigados.

Los imputados son: Jairo Andrés Díaz Rodríguez, secretario de Planeación de La Calera entre 2013 y 2015. Imputado por prevaricato por acción.

María Adelaida París Gómez, representante legal de la empresa Capillas de la Fe. La Fiscalía le formuló cargos por obtención de documento falso, fraude procesal y urbanización ilegal.
Wilson Felipe Ortegón Medina, arquitecto y director de obra del proyecto. Imputado por fraude procesal.

Johana Melissa Castro Rojas, abogada de la empresa Capillas de la Fe. Se le formularon cargos por los delitos de fraude procesal y urbanización ilegal.

Inicialmente, el 11 de diciembre de 2015, Jairo Andrés Díaz Rodríguez, entonces secretario de Planeación de La Calera (Cundinamarca), habría modificado el condicionamiento de uso del suelo en el lugar donde se proyectó la construcción del cementerio.

Al parecer, declaró el terreno Zona de Utilidad Pública, en contravía de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que prohíbe la existencia de cementerios en áreas pobladas o residenciales, con centros educativos o jardines infantiles, como es el caso de la vereda Altamar.

Con este cambio, la funeraria solicitó a la alcaldía municipal licencia de construcción para la parcelación y urbanización.

La petición fue negada. La decisión fue comunicada mediante aviso, en el entendido de que los interesados supuestamente no atendieron el llamado de notificación presencial.

María Adelaida París Gómez, Wilson Felipe Ortegón Medina, y Johana Melissa Castro Rojas, también están vinculadas a la investigación anunció la Fiscalía.

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