Alcaldesa y Concejales de Turbana, Bolívar y sus torcidos para quedarse con lote de la SAE

Hay polémica a nivel nacional por una decisión del Concejo Municipal de Turbana, Bolívar, quien mediante el Acuerdo 005 del 22 de abril de 2020 adoptó el plan de desarrollo, en el cual se contempla estudiar la viabilidad de la construcción de una central de carga y/o similar en compañía del distrito de Cartagena.

Este acuerdo fue la antesala de una jugada maestra por medio de la cual la alcaldesa de Turbana,  Ana Lucía Julio Guerrero pretende o pretendía apropiarse del inmueble con matrícula inmobiliaria  060-76813 conocido como Cachenche que queda cerca de Reficar.

A través del Acuerdo 004 del 22 de 2021, el Concejo de Turbana aprobó facultades a la alcaldesa para declarar el mega lote de Cachenche como bien de utilidad pública, además de autorizarla para adquirir el predio por cualquiera de los medios de adquisición de dominio.

Con estas facultades, la alcaldesa Ana Lucía Julio, declaró el mega lote de Cachenche como bien de utilidad mediante el decreto 051 del 6 de mayo de 2021, esto con el fin de crear una central de carga o similar. La finalidad de declarar el bien de utilidad pública es quitarle protección de inmueble privado y poder expropiarlo por vía administrativa.

Segura que su jugadita funcionaría, la alcaldesa Julio Guerrero le solicitó a la Sociedad de Activos Especiales SAE mediante derecho de petición del 11 de mayo de 2021 la adjudicación del predio Cachenche al municipio de Turbana a título gratuito, lo cual va en contravía de la normatividad vigente, pues se configuraría un detrimento patrimonial enorme al Estado.

La consecuencia de esta actuación ilegal del concejo y de la alcaldesa, obligará indefectiblemente a la SAE a emprender acciones legales contra el acto administrativo que declaró la utilidad pública del inmueble, además de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría a los concejales y la alcaldesa por el posible delito de prevaricato.

Hay evidencia que tanto los concejales como la alcaldesa se están repartiendo el inmenso lote para comercializarlo y sacarle provecho, por eso en este momento en el lote ya existen divisiones, lo cual constituye un delito. Lo más grave, es que esta actuación está originando que los habitantes del municipio también invadan el predio como se aprecia en varias imágenes, lo cual va en contravía de los intereses de la nación y puede crear un problema grave de orden público.

Mientras esto ocurre, el Fiscal Francisco Barbosa, la Procuradora Margarita Cabello y el Contralor Felipe Córdoba se hacen los de la vista gorda ante este tinglado criminal que amenaza los recursos de la Nación. ¡No hay derecho!

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