Con Iván Cancino como defensor, Consuelo Parra tiene que defenderse de señalamientos por el origen de $22 mil millones que, según ella, no le pertenecen
En Sogamoso la familia Parra es reconocida y respetada. Reconocida porque dos de sus integrantes, Fabio, le dio lustre al ciclismo colombiano y es recordado como el primer colombiano en llegar al podido del Tour de Francia. Respetada porque sus integrantes son empresarios y personas laboriosas.
Sin embargo, hoy, la familia unida, enfrenta un drama después de que un investigador de la policía judicial llegara a la casa de la abogada, Consuelo Ibeth Parra Velandia, sobrina de Fabio, para exigirle explicaciones sobre el origen de su fortuna que, según él, llegaría a los $22.000 millones y tendría un origen oscuro.
El investigador no llevaba una orden judicial. Su insistencia y requerimiento de información en tono perentorio fue interpretada por la litigante como una suerte de presión indebida, constreñimiento o posible extorsión y procedió a denunciarlo penalmente.
Pese a ello, el funcionario de policía rindió un informe ante la Fiscalía que hoy la procesa por el delito de lavado de activos de sus clientes, entre los que figuran jefes del clan del golfo y de los antiguos paramilitares a los que, en efecto, ha asesorado.
“La fortuna de Consuelo no es de $22.000 millones. Su patrimonio, producto de su trabajo como penalista, puede llegar a los $400.000 millones”, le dijo a Las2Orillas su defensor Iván Cancino. Para ambos, esos recursos provienen de los honorarios cobrados a personas que pueden pagarlos altos, pero no se trata de ningún delito porque hasta ahora la ley no les prohíbe a los abogados que litigan en el campo del derecho penal asesorar a personas sindicadas de delitos graves.
Hay dos interpretaciones que se pelean el espacio en el escenario de las incriminaciones y los descargos. Por un lado, la Fiscalía sostiene que la abogada Parra habría ido más allá de los límites de una defensa técnica al ponerse al frente del manejo de 240 inmuebles por valor de $65.7000 millones que pertenecieron a jefes mafiosos. Por otro, la defensa de la litigante plantea que no es extraño que los abogados no reciban los pagos de sus servicios exclusivamente con dinero en efectivo, ya que hay bienes muebles e inmuebles que pueden ser aceptados como parte de pago.
La imputación de la Fiscalía que terminó en un llamamiento a juicio de Consuelo Parra va más allá. Asegura que su relación con el mundo de la delincuencia no es solo la que construye una abogada asesora con sus clientes, sino la de una activista e informante de estructuradas vinculadas al narcotráfico y el paramilitarismo que se “desmovilizó” de las antiguas autodefensas en 2005, cuando tenía 26 años.
El mapeo de los bienes que se le cuestionan incluye valiosos bienes y otros activos en cinco departamentos. De acuerdo con el abogado Cancino, ella tiene a mano un peritaje técnico que hace claridad sobre el origen, monto y destino que se les ha dado a los bienes.
Entre la evidencia en su contra incluyen numerosas conversaciones con sus clientes, según la defensa, o aliados, según la Fiscalía, en la que aparece dando instrucciones sobre movimientos de varios personajes de ese submundo criminal, incluidos trámites de extradiciones. Su defensor asegura que esas pretendidas pruebas podrían carecer de valor porque hacen parte de la confidencialidad que protege la relación abogado-cliente.
Por lo pronto, el nombre de Consuelo Ibeth Parra Velandia no figura en los registros de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía general de la Nación, ante la cual debieron comparecer los desmovilizados de los grupos de autodefensa según la ley. Ella presuntamente pertenecía al denominado ‘Bloque Centauros’. Tampoco está relacionada dentro de los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otra opción para reconfirmar esos posibles nexos.
La bogada Parra se encuentra afectada por una medida de aseguramiento avalada por un juez de control de garantías y su juicio, de acuerdo con las previsiones iniciales, debió haber comenzado a finales de agosto de 2025. Al parecer subsisten algunas dudas que podrían determinar incluso algunas nulidades.
Una de ellas está relacionada, precisamente, con la actuación del investigador denunciado penalmente por la sindicada. Hasta ahora él no se ha declarado a marginado del caso y la autoridad judicial no ha decidido si su intervención es incompatible con la imparcialidad que se espera de él.
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