Hoy vence el plazo para la definición del monto del Presupuesto de 2026, decisión que se aplazó con el levantamiento de la sesión del 11 de septiembre, en la que se habían llegado a “acuerdos”, pero que no fueron suficientes para lograr la votación. Por esto, varios funcionarios del Gobierno Nacional señalaron que la cifra quedaría en $556,9 billones.
Sin embargo, la bancada de oposición señaló que propondrán que en la ley de apropiaciones se acojan recortes por $26,3 billones en el Presupuesto.
La ley de apropiaciones corresponde a los gastos dentro de la política fiscal. En ella se definen las partidas presupuestales, un rubro vital porque incluye los recursos de entidades como la Registraduría y demás de control.
Angélica Lozano, senadora y ponente del plan presupuestal, reveló que hay siete proposiciones radicadas para modificar el monto. La más leve por así decirlo es la de la representante, Olga Lucía Velázquez, quien propone que el Presupuesto quede en $550 billones.
Otros como el senador Ciro Ramírez, ponente de la iniciativa, proponen que el recorte debe ser de $39,5 billones, con lo cual el monto sería de $517,4 billones.
Según el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, esta definición resulta crucial en un periodo previo a las elecciones presidenciales. Sin embargo, tanto las respuestas del Gobierno, sumado al levantamiento de la sesión en el Congreso, junto con las proposiciones de los congresistas, evidencian que todavía hacen falta consensos para definir el rumbo del Presupuesto y de la tributaria.
Cabe destacar que lo sucedido el 11 de septiembre hizo que automáticamente quedara el monto originalmente presentado por el Gobierno, punto detallado tanto por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, como por la senadora Lozano.
Pero, Óscar Darío Pérez advirtió que, aunque el monto no fue negado, tampoco se ha aprobó, por lo que el Ejecutivo no puede dar por sentado que la cifra y la propuesta de reforma tributaria ya cuentan con el aval del las Comisiones Económicas.
“Nosotros vamos a seguir elaborando nuestra ponencia para primer debate, donde propondremos un monto inferior en $26,3 billones, restados de $556,9 billones del Presupuesto total. Sobre esa base construiremos la ley de apropiaciones”, expresó el congresista.
En esa línea, reveló que la oposición presentará su ponencia para someterla a votación antes del 25 de septiembre, que es la fecha en la que el proyecto presupuestal tendría que pasar a primer debate.
Pérez agregó que la iniciativa no solo busca la reducción del monto, sino también mejorar las asignaciones para el Ministerio del Deporte, Cultura, Ciencia y Tecnología, Defensa, la Defensoría del Pueblo, programas de alimentación escolar y vivienda.
Advirtió que, ante la posibilidad que el Gobierno expida el Presupuesto por decreto, tal como ocurrió en 2024 con el Presupuesto de 2025, la Corte Constitucional tendría la última palabra. Señaló que una dictadura fiscal sería demandada ante ese tribunal.
La propuesta de Ávila
Con la finalidad de construir consenso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó que está dispuesto a recortar $10 billones de su ley de financiamiento, y por ende, se restarían del Presupuesto de 2026.
En el proceso de concertación, en particular con el representante Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, señalaron que el recorte en la tributaria se reflejaría en la eliminación del IVA a los combustibles, a la cerveza y los vehículos híbridos, incluso se le quitaría el gravamen a los juegos de suerte y azar.
El ministro Ávila fue enfático en que el “Pacto Fiscal” se basa en la progresividad, es decir, que quienes tengan más paguen más. Por ello, consideró que los impuestos a la renta y al patrimonio garantizan ese principio.
También afirmó que los gastos de funcionamiento son difíciles de recortar porque representan obligaciones que el Estado debe asumir independientemente de su capacidad de decisión. En consecuencia, señaló que tanto su reforma tributaria como la suspensión de la regla fiscal son medidas necesarias para asegurar una “adecuada sostenibilidad” de la estructura fiscal a mediano plazo.
Rentas departamentales
Según el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, del total de la tributaria, 28% de los recursos de la tributaria saldrían de modificaciones al IVA. Sin embargo, señaló que este es un ingreso de las regiones y no del gobierno central.
Los académicos explicaron que este tipo de impuestos son una de las principales fuentes tributarias de los departamentos y que aportaron $5,4 billones en 2024, equivalentes a 43% de sus ingresos propios. Por ejemplo, para Bogotá representaron $700.000 millones, mientras que en el total nacional sumaron cerca de $6,1 billones.
Estos recursos se destinan a salud, educación y deporte, en regiones como Chocó, Vichada o La Guajira. En este sentido, advirtieron que con la iniciativa tributaria, al presentar como ingresos nacionales lo que pertenece a las regiones, se estaría desconociendo su autonomía, lo que además genera tensiones con las autoridades regionales.
Esto ocurre porque los impuestos al tabaco y al alcohol fueron cedidos a los departamentos con la Ley 223 de 1995, y con la Ley 1816 de 2016, se definieron sus destinaciones. Luego señalaron que, en el caso de los licores, 37% se destina a salud y 3% al rubro de deporte.
El Ministerio de Hacienda aseguró que, aunque los ingresos adicionales pertenecen a las regiones, contribuyen a reducir las presiones de gasto en salud del gobierno central.
“Aunque los cambios persiguen fines loables de salud pública, el canal adecuado sería una reforma tributaria territorial. Esta debería discutirse de forma explícita entre Nación y territorios, reconociendo la titularidad de la renta y su destinación. Cambios tan bruscos en los tributos pueden generar efectos indeseados: contrabando”, concluyó el director del observatorio, Mauricio Salazar.
