Iris Marín considera que un diálogo como el que logró la tregua con los grupos del crimen urbano en Barranquilla puede disminuir tensiones frente a las elecciones
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fijó posición frente a los diálogos socio-jurídicos con grupos de criminalidad organizada que ha impulsado el gobierno Petro dentro de su propuesta de Paz total.
Aprovechó la misma Alerta Temprana en que advirtió los riesgos electorales por amenazas de grupos armados que enfrentan 649 municipios para darle un espaldarazo a los diálogos y negociaciones con bandas criminales de la delincuencia común, considera que estos podrían disminuir los niveles de violencia para comunidades y candidaturas, contribuyendo a disminuir los riesgos de cara a las elecciones de 2025 y 2026.
Menciona las experiencias que en este campo han sido incorporadas a la política de paz total en el Valle de Aburrá, Quibdó, Buenaventura y últimamente Barranquilla. Este fue el último acuerdo que se formalizó con la firma de una tregua hasta el 20 de enero de 2026 entre los jefes de los grupos delincuenciales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.
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El documento no describe lo ocurrido en los escenarios mencionados, pero al situarlos geográficamente remite a hechos que han agitado el debate público. Por ejemplo, la mención al Valle de Aburrá remite al famoso “tarimazo” del 21 de junio de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro se presentó en una plaza pública de Medellín acompañado por capos de grupos delictivos de esa región que se encuentran condenados y recluidos en la cárcel de Itagüí.
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El respaldo de la defensora a los procesos de sometimiento de grupos de la delincuencia común, a instancia de los diálogos socio-jurídicos, se produce en momentos en que, en la recta final de su mandato, el gobierno busca la aprobación en el Congreso de una Ley de Paz Total.
La Alerta Temprana Electoral, la número 013 de 2025, pasa revista al proceso de paz total y destaca el desarrollo de conversaciones simultáneas con numerosos grupos armados organizados y de criminalidad organizada.
“(El Gobierno avanza en) negociaciones con facciones disidentes de las extintas FARC, en particular, los autodenominados “Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF)” y la “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” (CNEB); inició recientemente un proceso con el grupo armado que se hace llamar “Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”8; avanza en las conversaciones con los “Comuneros del Sur” que surgieron de su fraccionamiento del ELN, recuerda.
En lo relacionado con los procesos afines al Pacto de la Picota, sin mencionarlo, destaca: “El Gobierno adelanta mesas de diálogos sociojurídicos con grupos de criminalidad organizada en el Valle de Aburrá, Quibdó, Buenaventura y, recientemente, anunció el inicio de otra en Barranquilla. Aunque este proceso enfrenta múltiples retos, la posibilidad de pactar treguas en el marco del proceso electoral podría disminuir los niveles de violencia para comunidades y candidaturas, contribuyendo a disminuir los riesgos de cara a las elecciones de 2025 y 2026”.
La visión de la Defensoría al respecto representa un giro respecto a administraciones anteriores que se habían concentrado en enfoques según los cuales las falencias y debilidades en procesos de diálogos y negociaciones con organizaciones armadas les daban a estas ventajas que solo servían para su fortalecimiento.
