El panorama judicial para el proyecto político del presidente Gustavo Petro ha dado un giro dramático hacia los tribunales internacionales. Lo que comenzó en junio de 2025 como un choque diplomático con Guatemala por la figura de Iván Velásquez, ha escalado hoy a una investigación penal de alto impacto en Estados Unidos que pone bajo la lupa la financiación de la campaña presidencial de 2022.
El antecedente: El choque con Consuelo Porras
La tensión regional alcanzó su punto máximo en junio del año pasado, cuando la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, solicitó formalmente la extradición del entonces ministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez. La fiscalía guatemalteca imputó a Velásquez los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, derivados de su gestión al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su momento, el presidente Petro calificó la solicitud de la fiscal Porras como un acto criminal, cerrando cualquier posibilidad de cooperación judicial. No obstante, para diversos analistas y sectores de la oposición, esta negativa no fue solo una defensa institucional, sino un reflejo de lo que denominan solidaridad de cuerpo entre mandatarios y funcionarios que cuestionan la legitimidad de los órganos judiciales que los investigan.
El “Aroma” de Manhattan y Brooklyn
A este frente centroamericano se suma ahora una presión sin precedentes desde el norte. Según revelaciones recientes de The New York Times, las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn han iniciado indagaciones sobre el flujo de capitales en la campaña del Pacto Histórico. La investigación, que cuenta con la participación de la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, busca determinar si fondos provenientes de actividades ilícitas —específicamente del narcotráfico— permearon la contienda electoral de 2022.
Fuentes cercanas al proceso indican que el interés de los fiscales estadounidenses se centra en reuniones sostenidas con personajes de la sombra y el posible ingreso de divisas no declaradas.
Una narrativa de “Golpe Blando” bajo presión
Mientras la Casa de Nariño insiste en la narrativa de un golpe blando orquestado por potencias externas y la oposición interna, la realidad técnica de los expedientes sugiere un aislamiento judicial creciente. Con la administración de Donald Trump en Washington mostrando una postura de tolerancia cero hacia gobiernos señalados por nexos con economías ilegales, el margen de maniobra diplomática para Bogotá parece agotarse.
El oficialismo se enfrenta ahora al reto de explicar cómo las investigaciones lideradas por figuras como Consuelo Porras en 2025 y los actuales fiscales de Nueva York en 2026 pueden ser descartadas simplemente como persecución política, en un momento donde la justicia internacional parece decidida a revisar las facturas del cambio.
