El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la demanda admitida por el Consejo de Estado contra el decreto que reduce el salario de los congresistas, y defendió la legalidad de la medida, así como su objetivo de recortar privilegios en el sector público.
La controversia surgió tras la acción judicial interpuesta contra el decreto que elimina una prima incluida en la remuneración de senadores y representantes a la Cámara, lo que en la práctica representa una disminución significativa en sus ingresos mensuales a partir de 2026.
Gobierno defiende legalidad del recorte
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la decisión responde a criterios de equidad y sostenibilidad fiscal. En ese sentido, el mandatario defendió el decreto y cuestionó los intentos de frenarlo por vía judicial.
“Increíble tratar de quitar la competencia del Presidente de derogar decretos de anteriores presidentes. Es por esta intención de no querer autorreformar instituciones en las que se necesita una asamblea nacional constituyente. El sueldo de los congresistas debe bajar”, expresó Petro a través de su cuenta en X.
El jefe de Estado ha reiterado que la medida busca reducir las brechas salariales entre altos funcionarios y el resto de la población, en línea con una política de austeridad orientada a racionalizar el gasto público sin afectar programas sociales prioritarios.
En ese contexto, el Gobierno sostiene que la eliminación de la prima no vulnera la Constitución, sino que se enmarca dentro de sus competencias para definir aspectos de la remuneración, respetando los límites legales vigentes.
Impacto del decreto
El decreto elimina una prima especial que hacía parte del ingreso de los congresistas, lo que implicaría una reducción estimada entre 12 y 16 millones de pesos mensuales.
La medida comenzará a regir con la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, por lo que su impacto se reflejará en el siguiente periodo legislativo.
Además del efecto directo sobre los ingresos, el ajuste tiene implicaciones fiscales al disminuir el gasto público en salarios del alto funcionariado, en un momento en el que el Gobierno busca enviar señales de disciplina fiscal.
El recorte también tiene un componente simbólico, al afectar uno de los beneficios más visibles del Congreso, lo que ha generado respaldo en sectores de la opinión pública, pero también cuestionamientos en ámbitos políticos y jurídicos.
