Un juzgado de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que se vencieron los términos judiciales dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria llevaba más de un año privada de la libertad y esta era la quinta vez que solicitaba quedar libre mientras avanza la investigación en su contra.
Sandra Ortiz había sido enviada a prisión en diciembre de 2024, tras ser vinculada al caso por presunto desvío de recursos públicos. Hasta el momento, es la única mujer procesada dentro de este escándalo de corrupción.
Pese a la decisión judicial, el proceso penal en su contra continuará. La exconsejera deberá seguir compareciendo ante la justicia, aunque ya no permanecerá detenida.
Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó una solicitud presentada por la defensa de Ortiz para cerrar de manera anticipada el caso. Sus abogados argumentaban inconsistencias en la acusación presentada por la Fiscalía y cuestionaban la forma en que fueron planteados los hechos investigados.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que las discusiones relacionadas con las pruebas y la solidez de la acusación deben resolverse durante el juicio y no en etapas preliminares del proceso.
La Fiscalía investiga a Sandra Ortiz por su presunta participación en el manejo de 3.000 millones de pesos que, según el ente acusador, habrían sido entregados por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, para hacerlos llegar al entonces presidente del Congreso, Iván Name.
De acuerdo con la investigación, esos recursos corresponderían a pagos ilegales relacionados con contratos adjudicados desde la entidad.
Reacciones desde la Corte Suprema
La decisión de conceder la libertad a la exfuncionaria también generó reacciones en la rama judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, calificó como “desafortunada” la situación y cuestionó que aún existan interpretaciones distintas sobre la manera de contabilizar los términos judiciales.
El magistrado advirtió que este tipo de controversias terminan favoreciendo decisiones contradictorias y señaló que el sistema debe revisar con mayor claridad el conteo de los plazos procesales.
Asimismo, sostuvo que, ante cualquier duda en la interpretación de los términos, debería aplicarse el plazo que venza en menor tiempo para evitar dilaciones y nuevas controversias jurídicas relacionadas con libertades por vencimiento de términos.
