Una grave crisis humanitaria se registra en el Bajo Cauca antioqueño tras el desplazamiento forzado de más de 350 habitantes de zonas rurales de los municipios de Zaragoza y El Bagre, como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la región.
De acuerdo con información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), cerca de 131 familias abandonaron sus viviendas en las veredas Villa Severa, Villa Amará y Las Nubes, jurisdicción del municipio de Zaragoza, para buscar refugio en el corregimiento de Puerto López, perteneciente a El Bagre.
Según la organización, la emergencia estaría relacionada con los enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc, estructuras que mantienen una disputa por el control territorial y de corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas en esta zona del departamento.
Corpades advirtió que este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en la región.
“La emergencia se suma a otros cinco eventos recientes de confinamiento y desplazamiento registrados en este municipio. Alertamos sobre la necesidad urgente de prevenir nuevas afectaciones y proteger a la población civil”, señaló la organización.
La situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo semanas atrás. El pasado 3 de junio, la entidad alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en Puerto López, considerado uno de los principales escenarios de confrontación entre grupos armados ilegales.
En ese momento, la Defensoría explicó que el corregimiento se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la disputa entre las disidencias de las Farc del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo por el control de rutas estratégicas y economías ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y zonas limítrofes del nordeste de Antioquia.
Asimismo, la entidad indicó que ha documentado múltiples afectaciones a la población civil, entre ellas desplazamientos masivos, confinamientos, amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad y reclutamiento forzado de menores de edad.
“Hemos documentado al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamiento forzado masivo, además de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos”, señaló la Defensoría.
La entidad también alertó sobre reportes relacionados con el uso de drones adaptados para el lanzamiento de explosivos, una práctica que ha generado daños en viviendas e infraestructura comunitaria en varias veredas de la región.
Las autoridades continúan monitoreando la situación humanitaria mientras organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las comunidades afectadas por el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño.
