Hace más de 30 años cambió dos apartamentos por la casa en el barrio El Poblado que le acaba de quitar la SAE y que vale $1200 millones
En julio de 1993 José René Higuita firmó una permuta que, tres décadas después, le costaría una casa. A cambio de dos apartamentos, uno en Cartagena y otro en Medellín, el arquero recibió una vivienda en El Poblado, hoy el sector más caro de Medellín, tasada en más de 1.200 millones de pesos. Por esos días atajaba para Atlético Nacional y para la Selección Colombia, que jugaba las eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos 94. El negocio parecía cerrado y sin líos. Treinta y tres años después, la justicia dijo lo contrario.
La sentencia es del 3 de julio de este año y cierra, al menos en primera instancia, un proceso de extinción de dominio que llevaba casi tres décadas abierto. El fallo ordena que la casa pase al Estado. Ni Higuita ni su esposa, Magnolia Regina Echeverri Hernández, reciben nada a cambio. Todo arrancó con una denuncia de 1997, puesta por Albeiro de Jesús Cuartas Castañeda, hijo de Gustavo Cuartas Rendón, el hombre que figuraba como dueño original del predio antes de que empezara a cambiar de manos por vías nada transparentes.
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Cuartas Rendón era tío de William y Gerardo Moncada, alias Kiko, socios de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. La Fiscalía concluyó que actuó como testaferro: puso la casa a su nombre para esconder un bien pagado con plata del narcotráfico. Murió de forma violenta, y poco después alguien falsificó su firma para pasar la propiedad a María Victoria Montoya Álzate. Un estudio grafológico de 1995 confirmó que esa firma era una imitación, y un juzgado civil de Medellín terminó anulando la escritura. Para cuando eso pasó, la casa ya había seguido su camino: cinco meses después de quedar a nombre de Montoya Álzate, terminó en manos de Higuita y Echeverri por la permuta de los dos apartamentos.
El expediente reúne los testimonios de varios miembros de la familia Cuartas, que hablaron de años de amenazas, atentados y homicidios alrededor de la pelea por el inmueble. Adriana María Cuartas Castañeda contó que su padre murió después de llevar dinero a la cárcel La Catedral, un encargo que, según ella, vino de William Moncada. María Pubenza Eastman Hoyos fue más lejos: dijo que la casa en realidad era de Kiko Moncada, que Cuartas Rendón solo prestaba el nombre, y que el dinero de esa negociación se movió en efectivo. El juez calificó su declaración de particularmente reveladora. A eso se sumaron informes de la DIAN, la UIAF y el CTI, que no hallaron cómo Cuartas Rendón hubiera podido pagar esa casa con ingresos propios.
Con Higuita el panorama cambia. El juzgado sí aceptó que el dinero con el que compró el inmueble era lícito: sus contratos con Nacional y con el Real Valladolid le alcanzaban de sobra. Ahí no estuvo el problema. La ley colombiana pide algo más que buena fe para proteger a un comprador en estos casos, pide buena fe exenta de culpa, o sea, haber verificado el historial jurídico del bien antes de firmar. Y en ese punto, dice el fallo, la pareja falló.
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Dejaron toda la negociación en manos de Campo Elías Meneses, un psicólogo sin experiencia en temas jurídicos ni inmobiliarios. Nunca se hizo un estudio de títulos. Entre el día en que María Victoria Montoya Álzate se volvió propietaria del bien y el día en que se firmó la permuta con Higuita pasaron apenas dos días, un plazo que al juez le resultó imposible de explicar y que además contradecía lo que el propio Meneses había declarado años atrás sobre cómo se dio la operación. Esa premura, sumada a las contradicciones del intermediario, bastó para que el despacho concluyera algo puntual: la pareja creyó estar haciendo un negocio legítimo, pero no hizo lo suficiente para comprobarlo.
Higuita nunca compró esa versión. Durante años sostuvo que adquirió la casa de buena fe, sin saber ni tener cómo saber que detrás de esa cadena de traspasos había plata del Cartel de Medellín, y peleó por quedarse con ella en varias instancias judiciales. La nueva sentencia no le da la razón. Establece que el inmueble tuvo origen ilícito, ordena la extinción de dominio y dispone que pase al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, sin reclamación posible. Puede apelarse ante la Sala Especializada en Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín. La casa de El Poblado que un arquero colombiano cambió por dos apartamentos hace treinta y tres años todavía tiene un capítulo por delante.
