Liderar el Ministerio de Educación a partir de agosto de 2026 no parte de un balance claro. La nueva administración heredará cifras por reconstruir, compromisos por revisar y una pregunta urgente en un contexto fiscal estrecho: cuánto de lo prometido en este cuatrienio puede pagarse y cuánto margen queda para lo nuevo.
La educación tiene una de las mayores asignaciones del Presupuesto General —cerca de $88,2 billones en 2026—, pero la cifra no se traduce en capacidad de gasto nuevo: buena parte ya está comprometida en nómina y transferencias recurrentes.
Conviene, además, desactivar un falso debate: el que reduce el interés por la educación a la etiqueta ideológica de quien gobierna, como si solo un gobierno de izquierda pudiera preocuparse de verdad por ella y todo lo demás fuera indiferencia. Es un argumento cómodo, pero se les devuelve a quienes lo entonan: fueron ellos quienes gobernaron, y hoy son sus propios hechos los que hablan —lo que prometieron y no cumplieron, y lo que no se trabajó con el rigor que el sector exigía—.
La educación no mejora por el signo político de una administración, sino por la calidad de las decisiones y la dignidad de los resultados. Las consignas ganan aplausos; los niños y jóvenes necesitan aprender. Y, gobierne quien gobierne, la sociedad debe sumar esfuerzos y también anotar cuando los resultados no llegan.
Primero, reconstruir el tablero de control
La primera prioridad será recuperar la gobernabilidad y la capacidad técnica del sector: producir información confiable, anticipar riesgos y acompañar a las secretarías y a las instituciones de educación superior. Antes de formular el nuevo Plan de Desarrollo, habrá que reconstruir el tablero de control.
La crisis del modelo de salud del magisterio será una de las primeras pruebas: en diciembre de 2025 la Procuraduría formuló cargos y advirtió que habría empezado a operar sin condiciones para garantizar un servicio continuo. Habrá que establecer su costo real, ordenar los pagos y construir el modelo de atención en el marco de la reforma del sector salud.
La segunda tarea será ordenar las cuentas: revisar contratos, convenios y vigencias futuras para saber qué se debe, qué puede cumplirse y qué gastos no tienen justificación. Es la austeridad bien entendida: invertir donde de verdad se necesita y evitar que los compromisos coyunturales se conviertan en gasto permanente.
Y hay una oportunidad histórica: la reforma al Sistema General de Participaciones ya es norma constitucional —el Acto Legislativo 03 de 2024 devolvió recursos y autonomía a los territorios—, pero su verdadero alcance depende de la Ley de Competencias que aún tramita el Congreso. Esa ley orgánica debe precisar quién responde por qué, con qué controles y con qué capacidades en cada territorio. Bien hecha, será la palanca para que la descentralización se traduzca en aprendizajes.
La reglamentación de los nuevos recursos de la Ley 30 debe enviar un mensaje inequívoco: la meta es la calidad. El decreto que hoy está en consulta pública para reglamentar la Ley 2568 de 2026 —que redefine la financiación de las universidades estatales en torno a planes indicativos, indicadores de calidad y rendición de cuentas— debe aprovecharse con exigencia: atar los mayores recursos a metas verificables y no a giros automáticos, como lo hacen los convenios de desempeño de Chile o los contratos de resultados en Brasil. Mayores recursos sin mejores resultados no serían una conquista, sino una oportunidad desaprovechada.
El Icetex merece un capítulo aparte; se marchitó lo que funcionaba. La contracción de los nuevos créditos, la reducción de los subsidios y el encarecimiento de las condiciones —las tasas pasaron de reconocer solo la inflación a cobrar el IPC más doce puntos— dejaron por fuera a decenas de miles de jóvenes.
Reconstruir la entidad no será rápido ni de bajo costo: exigirá inyección de recursos, nuevos acuerdos con el sector financiero, instrumentos innovadores de fondeo y, en el centro, el crédito contingente al ingreso —que el deudor pague en función de sus ingresos reales y no una cuota fija insostenible—, un modelo que el país ya reglamentó pero dejó a medio camino. En ello no está en juego una entidad, sino el derecho de miles de jóvenes a acceder y permanecer en la educación superior.
Vale una consideración sobre las cifras: buena parte de la información del sector está fragmentada o desactualizada.
Más que una limitación, esto abre una oportunidad: en un sector que durante años tuvo uno de los mejores sistemas de información de América Latina, y con las capacidades que hoy ofrecen la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, el punto de arranque debe ser potenciar y dar interoperabilidad a los sistemas de información. Una analítica robusta le permitiría al Ministerio contar con una visión completa del sistema, diseñar políticas basadas en evidencia y promover una rendición de cuentas más efectiva.
El bono demográfico: la ventana para pasar de cobertura a calidad
El país aún no dimensiona el cambio demográfico que debería orientar buena parte de las decisiones educativas. Los nacimientos cayeron de 660.999 en 2015 a 445.011 en 2024, y la población de 3 a 16 años pasará de 11,4 millones en 2024 a cerca de 7,4 millones en 2050. Solemos leerlo como una mala noticia: menos matrícula y colegios que cierran. Pero también puede ser la primera oportunidad real para dejar de discutir solo cobertura y concentrarnos en la calidad.
La alerta es que no toda la caída de la matrícula se explica por los niños que dejaron de nacer. Un informe reciente del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana muestra que la matrícula disminuye más rápido que la población en edad escolar: en preescolar, 7,8 % frente a 2,0 %; en primaria, 6,7 % frente a 2,7 %; y en secundaria, 7,5 % frente a 2,5 %.
También hay niños y jóvenes que dejaron de estar en las aulas. Bien aprovechada, esta transición permitiría reducir la relación estudiantes-docente, elevar la inversión por alumno, modernizar la oferta y transformar el papel del maestro: menos transmisor de contenidos y más tutor, orientador y formador de criterio.
Pero nada de esto ocurrirá automáticamente. Exige reorganizar plantas e infraestructura, fortalecer la gobernanza territorial y evitar que los estudiantes se pierdan en el camino. Por eso la Ley de Competencias no puede discutirse al margen de la transición demográfica.
Primera infancia: el retorno con mayor rentabilidad social
La primera infancia debe volver al primer lugar de la agenda. Hoy está debilitada por la falta de articulación entre el Icbf y los territorios y se financia con programas fragmentados, pese a ser la inversión con mayores retornos sociales; recuperarla exige una fuente presupuestal estable.
Las cifras muestran avances y grietas: aunque en 2024 el 81,7 % de los niños tenía atención integral, solo el 53 % cuenta con al menos seis de las diez atenciones priorizadas que exige la Ruta Integral de Atenciones, y persisten rezagos críticos: apenas el 71 % completa el esquema de vacunación y el 45 % accede a la valoración nutricional. A ello se suma una brecha rural que atraviesa todo el ciclo de cuidado y estímulo temprano, más débil en el campo que en las cabeceras. Universalizar la atención rural y elevar su calidad debería ser el norte.
Educación básica y media: aprendizajes, bienestar y territorios en riesgo
En la educación básica y media, el primer desafío será recuperar los aprendizajes. PISA 2022 muestra la magnitud del rezago: en Colombia, 71 % de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel básico en matemáticas y cerca de 51 % quedó por debajo del mínimo esperado en lectura. Cerrar estas brechas exige concentrarse en matemáticas, lectura, competencias socioemocionales y formación ciudadana.
La recuperación no puede limitarse a lo cognitivo: la salud mental debe incorporarse al currículo, la convivencia y la formación docente, porque el malestar que no se identifica deteriora el aprendizaje y puede terminar en ausentismo o deserción. Formar bien también es cuidar.
Conviene aprovechar lo construido. Evaluar para Avanzar y Todos a Aprender ofrecen instrumentos para identificar rezagos, orientar el trabajo pedagógico y acompañar a los maestros. Actualizarlos y escalarlos tendría menor costo y retorno más rápido que comenzar de cero.
Recuperar tampoco riñe con innovar: el país debe fortalecer la evaluación formativa, avanzar hacia currículos flexibles e integrar ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, también en escuelas rurales. La robótica puede convertir la escuela en un espacio de creación y solución de problemas, no solo en receptora de tecnología.
La inteligencia artificial refuerza el papel del maestro: menos transmisor de información y más orientador capaz de formular preguntas, contrastar fuentes y exigir pensamiento propio. El debate no es si la tecnología debe entrar en la escuela, sino con qué propósito, desde qué edad y bajo qué condiciones. Se necesitan orientaciones sobre pantallas, redes sociales y teléfonos celulares para que potencien el aprendizaje sin desplazar la atención, los vínculos ni el bienestar.
Pero ninguna agenda de innovación puede ignorar los territorios donde el reto sigue siendo mantener abierta la escuela. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el conflicto armado, las minas antipersona, el desplazamiento y el reclutamiento interrumpen las trayectorias educativas en regiones como el Catatumbo. Allí, garantizar la educación exige protección, transporte, atención psicosocial, infraestructura segura y coordinación institucional.
La interrupción de las trayectorias tampoco se explica solo por el conflicto o la caída de los nacimientos. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana señala la incidencia de la deserción, la migración y las barreras de acceso y permanencia, y advierte sobre el crecimiento de la educación en casa sin marco normativo ni registro.
El Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi muestra, por su parte, que una proporción elevada de quienes ingresan a primaria no culmina el bachillerato en la trayectoria esperada. La cobertura dice poco si los estudiantes entran, pero luego repiten, se rezagan o desaparecen del sistema: saber quiénes abandonaron, dónde están y por qué salieron debe ser una prioridad.
En ese esfuerzo por garantizar la permanencia, el Programa de Alimentación Escolar es decisivo. Buena parte de su expansión y continuidad ha dependido de las entidades territoriales. Ahora se requiere ampliar su alcance, asegurar financiación oportuna, mejorar la calidad y garantizar trazabilidad desde la contratación hasta la entrega. Blindar el PAE del clientelismo es una de las formas más directas de sostener a los niños en la escuela.
Finalmente, la educación media debe dejar de prolongar el modelo escolar tradicional y convertirse en un puente hacia la educación superior y el trabajo, con trayectorias flexibles, orientación socio-ocupacional, formación técnica y tecnológica y credenciales acumulables.
La desconexión tiene un alto costo: entre febrero y abril de 2026, 2,52 millones de jóvenes de 15 a 28 años no estudiaban ni estaban ocupados, equivalentes a 22,8% de ese grupo. Transformar la media, recuperar a quienes abandonaron y proteger las trayectorias responde a una misma obligación: garantizar que los estudiantes aprendan, permanezcan y construyan un proyecto de vida.
Educación superior: sin falsas disyuntivas y frente a los desafíos globales
En educación superior hay que abandonar las falsas disyuntivas. Ampliar el acceso exige combinar el fortalecimiento de la oferta pública, créditos, becas, y subsidios focalizados: reconstruir el Icetex como instrumento de financiación accesible, sostener la gratuidad con respaldo presupuestal y rendición de cuentas, y recuperar las becas por excelencia. No es una disputa entre lo público y lo privado. Colombia tiene un sistema mixto y la tarea del Estado es ampliar oportunidades y exigir calidad a todos.
El acceso también requiere trayectorias flexibles entre la educación media, el Sena, la formación para el trabajo y la educación superior. El Marco Nacional de Cualificaciones puede articularlas al reconocer aprendizajes adquiridos por distintas vías y facilitar el tránsito entre la formación técnica, tecnológica y universitaria. El país avanzó en su estructura normativa, pero el instrumento perdió impulso. Hay que reactivarlo, completar los catálogos sectoriales y convertirlo en un puente efectivo entre educación y empleo.
Los datos muestran que el sistema ya se transforma. En las instituciones privadas, la matrícula virtual creció 17,42 % y la híbrida 20 % en 2024-2, mientras la matricula presencial retrocedió 2,53 %. La demanda también ha cambiado por áreas: Economía y Administración e Ingeniería y Arquitectura concentran las mayores matrículas, mientras Ciencias de la Salud casi las duplicó entre 2020 y 2024. Ignorar estas tendencias llevaría a diseñar políticas desconectadas de la realidad actual del sistema.
La brecha principal está entre las habilidades que hoy concentra la demanda y las que la economía empieza a exigir. Mientras el mercado laboral latinoamericano continúa privilegiando Excel, ventas y comunicación, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad serán competencias de rápido crecimiento hacia 2030. La oferta debe responder al presente y anticipar el futuro.
La certificación también importa: más de 70 % de las personas no realizaría una formación sin reconocimiento oficial, y las áreas más solicitadas —inteligencia artificial, datos, inglés, marketing digital y gestión de proyectos— muestran hacia dónde se mueve el mercado.
Este reordenamiento convive con enormes brechas territoriales. Aunque la cobertura promedio del país ha venido aumentando periodo tras periodo —la tasa de cobertura bruta en educación superior alcanzó el 57,5 % en 2024, su nivel más alto—, la distancia entre regiones sigue siendo abismal: mientras Bogotá supera el 147 % de cobertura, departamentos como Vaupés (5,5 %), Vichada (7,6 %), Amazonas (9 %) o Guainía (13,8 %) apenas alcanzan cifras de un dígito o poco más.
También habrá que recuperar la ciencia, la tecnología y la innovación. El presupuesto de MinCiencias pasó de unos $330.000 millones en 2022 a cerca de $120.000 millones en 2026, y Colombia invierte alrededor de 0,2 % del PIB en investigación y desarrollo, muy lejos del promedio de la Ocde. Parte de la financiación migró al Sistema General de Regalías —más de $2,7 billones para ciencia, tecnología e innovación en 2025-2026—, pero persisten dudas sobre ejecución, transparencia y articulación. Desmontar capacidades es rápido; reconstruirlas toma años.
Ordenar esos recursos exige comprender cómo se financia el sistema: Nación, territorios, recursos propios, regalías, subsidios y cooperación.
Finalmente, la autonomía universitaria debe respetarse. Aunque la garantiza la Constitución de 1991, las tensiones alrededor de la elección de rector en la Universidad Nacional y la intervención de la Universidad de Antioquia dejaron precedentes preocupantes. Las universidades deben decidir con libertad su rumbo académico y su gobierno, y responder con transparencia y resultados por los recursos públicos. Como ha señalado Moisés Wasserman, la universidad se debe a la búsqueda del conocimiento y al pensamiento crítico, no a las ortodoxias de turno. Preservar esa vocación es tan importante como defender su financiación.
Tareas transversales: evaluar, acompañar y volver a los territorios.
Sobre todos los niveles pesan tareas transversales. La primera es retomar la evaluación docente como instrumento para reconocer fortalezas, identificar necesidades de formación, mejorar las prácticas pedagógicas y garantizar una enseñanza de calidad. La segunda es reconstruir la relación con los territorios.
Muchas transformaciones sobrevivieron gracias a alcaldes, gobernadores, secretarios, rectores y docentes, a menudo sin suficiente acompañamiento nacional. También urge definir lineamientos para los modelos híbridos y la flexibilidad educativa, hoy dispersos, para que las instituciones no avancen sin criterios de calidad ni rendición de cuentas.
Volver a las regiones exige trabajar con el sector privado. Las Obras por Impuestos ofrecen una vía valiosa: en 2025, la educación concentró 51 proyectos por más de $340.000 millones en municipios Pdet y Zomac. Organizaciones como Empresarios por la Educación han demostrado, además, el valor de invertir en liderazgo y capacidades institucionales. Estas alianzas no sustituyen al Estado, pero amplían su alcance y movilizan recursos y conocimiento hacia los territorios que más los necesitan.
Hay, además, un relevo generacional que no puede seguir aplazándose. En 2024, 67.626 docentes —20,1 % del total reportado— tenían más de 60 años. Entre quienes pertenecen al régimen del Decreto 2277, la pensión es compatible con el salario, beneficio que el Consejo de Estado extendió para docentes del Decreto 1278 que cuenten con 1.300 semanas cotizadas, lo que representaría alrededor de 113.000 docentes adicionales: el propio Ministerio estimó en 2023 que cerca de 80.000 docentes pensionados continuaban trabajando y que unos 52.000 superaban esa edad. La Ley 1821 de 2016 elevó a 70 años el retiro forzoso, prolongando su permanencia en las aulas.
Para muchos maestros, continuar hasta entonces puede afectar su bienestar y, para los estudiantes, limitar la renovación pedagógica. Conviene retomar la propuesta de una compensación que facilite un retiro voluntario, anticipado y digno, reconozca la trayectoria de esos docentes y abra oportunidades a una nueva generación. El interés existe: en el último concurso de ingreso se inscribieron más de 400.000 aspirantes.
El sistema mixto también muestra señales de tensión. Según Educación en Cifras 2026, cerca de 800 colegios privados cerraron en cinco años y 70,8 % no tendría reservas suficientes para sostenerse en 2027, debido a la caída de la matrícula y al aumento de los costos. La respuesta no consiste en rescatar instituciones indiscriminadamente, sino en ordenar la oferta con criterios de calidad: acompañar a las que demuestran resultados y actuar frente a las que no cumplen los estándares.
Algo similar ocurre con los colegios en concesión. Bien diseñados y evaluados, han sido una innovación muy valiosa para el sistema, pero su continuidad se dificulta porque la regulación los condiciona a la insuficiencia de oferta, un criterio que la transición demográfica ha vuelto menos pertinente. El próximo Plan Nacional de Desarrollo debería permitir su permanencia donde acrediten resultados, cierre de brechas y adecuada rendición de cuentas.
La infraestructura sigue siendo una condición básica. No hay calidad posible en aulas deterioradas, sin agua potable, electricidad o conectividad. Los datos disponibles indican que apenas cerca de la mitad de las sedes cuenta con conexión efectiva y que, aun donde existe, puede ser inestable o no estar acompañada de renovación de equipos, una brecha especialmente severa en las zonas rurales, como ha advertido el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
La meta no puede ser simplemente “conectar”, sino garantizar banda ancha suficiente, dispositivos funcionales, mantenimiento y soporte técnico. Medir la conectividad real por sede y asegurar su sostenibilidad debe ser una prioridad.
La magnitud de los recursos que moviliza el sector obliga, además, a retomar una discusión aplazada: la creación de una superintendencia de educación. No para intervenir en los asuntos académicos ni sustituir al Ministerio, sino para fortalecer la vigilancia sobre la prestación del servicio y la transparencia en el uso de los recursos. La autonomía institucional debe convivir con una rendición de cuentas efectiva.
Finalmente, los ciclos de aprendizaje no coinciden con los tiempos electorales. La tarea no corresponde solo al gobierno; debe convocar a todos los actores del sector. El próximo periodo exigirá reconstruir capacidades, ordenar las cuentas y sumar esfuerzos. Después de cuatro años de dilemas grandilocuentes y promesas incumplidas, llegará la hora menos vistosa y más difícil: liderar, ordenar, ejecutar y demostrar —con datos y con la dignidad de los hechos— que gobernar la educación es mucho más exigente que prometer transformarla. Al final, lo que cuenta es que cada niño y cada joven aprenda y encuentre oportunidades reales para construir su proyecto de vida.
