El jurista Hollman Ibáñez Parra se posiciona en el panorama legal colombiano como un especialista en Derecho Electoral, Comercial, Financiero y Probatorio. Con más de 25 años de experiencia, su perfil profesional combina el conocimiento operativo de las instituciones electorales con el ejercicio de la consultoría privada y la función judicial en el país.
¿Quién es y cuál es su trayectoria profesional?
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y especialista por la Universidad Sergio Arboleda, Ibáñez Parra ha consolidado un recorrido técnico en el ámbito jurídico e institucional a través de tres pilares fundamentales:
Gestión en la Registraduría Nacional del Estado Civil: Ocupó responsabilidades clave en la dirección operativa y logística de la entidad, desempeñándose como Director del Censo Electoral, Director de Gestión Electoral y Delegado Departamental.
Litigio Estratégico y Consultoría: En el sector privado, lideró el departamento de Derecho Electoral en firmas especializadas y posteriormente constituyó su propia oficina de abogados: Hollman Ibáñez Oficina de Abogados.
En esta faceta ha ejercido la representación jurídica de partidos políticos, movimientos ciudadanos y candidatos en disputas comiciales, procesos de escrutinio, recursos de nulidad electoral y pérdidas de investidura.
Función Judicial como Conjuez: Fue designado conjuez de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), rol en el cual interviene para resolver empates, analizar impedimentos de magistrados titulares y dirimir expedientes contenciosos de la corporación.
¿Qué aspira aportar como magistrado en propiedad del CNE?
Su postulación e intención de asumir una magistratura titular en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral buscaba trasladar su experiencia en la administración pública y en el litigio privado hacia el máximo órgano de control y vigilancia electoral.
Entre los principales ejes técnicos que orientaban su propuesta institucional destacaban:
Fortalecimiento Operativo y “Carpintería Electoral”: Aplicación de su experiencia directa en la logística del censo y auditoría de procesos para brindar mayor rigor procedimental a las comisiones escrutadoras y a la consolidación de resultados.
Garantía del Debido Proceso y Criterio Probatorio: Implementación de altos estándares probatorios en las investigaciones administrativas sancionatorias por presunta violación de topes presupuestales, inhabilitación y revocatoria de inscripción de candidaturas.
Seguridad Jurídica para las Organizaciones Políticas: Certeza normativa y transparencia en los trámites administrativos para el otorgamiento o conservación de personerías jurídicas, el reconocimiento de minorías y la regulación de la financiación de campañas.
