A pesar de los discursos oficiales y de las transiciones institucionales en la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el servicio de conectividad a internet sigue siendo deficiente.
En el centro de las críticas se encuentra la gestión de César Andrés Gómez Torres, Secretario de las TICs, a quien líderes locales y usuarios cuestionan por la falta de avances tangibles y un seguimiento efectivo a los compromisos asumidos por los operadores privados en la isla.
La continuidad de Gómez Torres en el cargo, tras la llegada de la administración de Girley Natacha Ordóñez Bowie, ha encendido las alarmas en sectores comunitarios. Los cuestionamientos apuntan a que, durante la gestión del exgobernador Nicolás Gallardo y en el período actual, la Secretaría de las TICs no ha ejercido una supervisión rigurosa sobre la ejecución de los proyectos de telecomunicaciones.
Entre las principales deficiencias señaladas por la comunidad destacan:
* Falta de control a los operadores: Empresas nacionales como Claro y proveedores locales continúan reportando avances en infraestructura que no se reflejan en la calidad del servicio del día a día de los habitantes.
* Proyectos de conectividad estancados: Puntos digitales desconectados y zonas de cobertura deficiente persisten tanto en San Andrés como en Providencia, sin que se conozcan informes detallados de supervisión o sanciones por incumplimiento contractual.
* Opacidad en la relación con medios y aliados: Dirigentes comunitarios piden claridad sobre el destino de las inversiones y los acuerdos interinstitucionales con entidades como Teleislas y operadores locales, exigiendo que se transparente si los recursos públicos están cumpliendo su fin social.
Ante la persistencia del mal servicio y la falta de explicaciones públicas satisfactorias sobre el trabajo realizado desde la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diversos voceros insisten en que los órganos de control deben intervenir de manera inmediata.
La conectividad no es un lujo, es una necesidad básica para la educación, la salud y el comercio del Archipiélago. Por ello, no se puede seguir justificando presupuestos e infraestructura sin ver resultados reales en las pantallas de los isleños.
Se ha solicitado a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría especial sobre los procesos contractuales adelantados por César Gómez y su equipo, y a la Procuraduría General de la Nación que evalúe la responsabilidad disciplinaria en el seguimiento a los operadores.
La ciudadanía exige que, de existir documentación que sustente presuntas anomalías en la adjudicación de contratos, esta sea puesta formalmente a disposición de las autoridades competentes.
