Peñalosa ya había abierto la puerta en Bogotá, pero ahora Viviane Morales redujo las exigencias para facilitar la entrada de nuevos operadores a los colegios
Tras posesionar en los Viceministerios del Ministerio de Educación a personas que comparten su misma fe cristiana, Viviane Morales lanzó el primer borrador de su propósito de “sacar a Marx de la educación y meter a Dios” con el fin de que la educación “vuelva a estar fundada en los principios y los valores cristianos”.
El proyecto de Morales modifica las condiciones bajo las cuales las Secretarías de Educación pueden contratar con entidades privadas o terceros para que se encarguen de la educación de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media.
Esta propuesta no es del todo nueva. A finales de los años noventa, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se planteó el modelo de colegios en concesión. Este consiste en que el Estado financia las instituciones, pero delega la administración a operadores privados, entre ellos grupos religiosos.
Actualmente, este esquema sigue vigente en algunos colegios de la capital, como el megacolegio Bilbao, administrado por la Comunidad de Don Bosco, y cinco instituciones operadas por el movimiento Fe y Alegría.
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¿Qué cambia con el proyecto de decreto de Viviane Morales?
Hasta ahora, como lo ordena el Decreto 1075 de 2015, una alcaldía o una gobernación solo puede contratar con un tercero si demuestra que no tiene capacidad suficiente para atender a todos los estudiantes con su propia red de colegios oficiales. El proyecto de Morales elimina esa obligación.
De aprobarse la propuesta, la que estaría a cargo de que se ejecute será Gledy Foliaco, viceministra de Educación Básica y Media, quién es cristiana de la iglesia adventista, y es considerada la cuota de los Char dentro de la cartera.
Intervención de las iglesias en los programas educativos de los colegios públicos
En el detalle del borrador se presenta un punto que ha generado críticas desde varios sectores. Se trata del artículo 2.3.1.3.1.6. parágrafo 2. Allí se establece que una entidad pública aporta la infraestructura y el personal, mientras la iglesia interviene en el currículo, la orientación y los procesos pedagógicos.
Los críticos del proyecto sostienen que esta modificación podría afectar el principio de libertad religiosa que rige la educación pública. Además, los críticos a la propuesta señalan que permitir una mayor participación de organizaciones religiosas en los currículos de los colegios podría generar riesgos de discriminación o de adoctrinamiento en los niños y niñas.
Por su parte, la ministra Morales ha defendido su propuesta señalando que la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas.
Privados podrían administrar colegios públicos por 12 años
El otro de los puntos que han generado polémica del borrador se encuentra a la altura del artículo 20, donde se señala que los contratos de servicio se celebrarán por un plazo máximo de 12 años, de tal de tal manera que durante su vigencia se pueda atender una cohorte educativa completa (preescolar, básica primaria, básica secundaria y media).
En Bogotá los contratos fueron inicialmente por 15 años y luego se prorrogaron por otros diez, debido a los buenos resultados que presentaron.
Desde la oposición se han hecho oír las voces de quienes señalan que contratos que pretenden cubrir por completo la vida escolar de un niño son un negocio que privatiza las instituciones. Aún así, el proyecto no propone transferir la propiedad de la infraestructura, sino contratar temporalmente su administración. Tal como sucede con algunos colegios públicos en Bogotá.
Docentes serían contratados por el régimen laboral privado
El tercer tema que genera inquietud tiene que ver con el parágrafo que señala que el personal que trabaje en la institución no tendrá una relación laboral directa con el establecimiento sino con quien lo administra.
Para el exviceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, esta medida conduciría a la precarización laboral de los empleados, quienes perderían los beneficios que el sector público ofrece.
Finalmente, el borrador del proyecto estuvo abierto a comentarios hasta el pasado miércoles 26 de agosto. Este fue otro de los puntos que también genero intenso debate, pues la normativa establece que los proyectos normativos deben estar disponibles para comentarios por lo menos 15 días calendario, pero la cartera a cargo de la ministra Morales, solo dispuso de 5 días con el proyecto en cuestión.
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