El último en salir del cargo fue Armando Novoa que lidiaba con el Clan del golfo y Vera Grabe y el comisionado Oty Patiño se fue el 7 Agosto
La Paz Total se acabó. Con la llegada de De la Espriella a la presidencia, la política de Gustavo Petro para disminuir la violencia llegó a su final. En apenas 25 días, el gobierno entrante, ha contabilizado oficialmente al menos 20 acciones violentasperpetrados por grupos al margen de la ley en su contra, ha dado de baja un total de 26 insurgentes, entre ellos alias “Chirimoya” en Córdoba y alias “Perjuicio” en Antioquia. Ambos eran piezas claves del Clan del Golfo-
En ese contexto de transición, el tema de orden público es uno de los giros de 180 grados que se han presentado con el cambio de gobierno. El pasado 28 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella, decidió, mediante la Resolución 347 de 2026, revocar a Armando Novoa de su rol como jefe negociador del Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo armado con presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Dicha organización sigue las órdenes de José Vicente Lesmes, conocido como alias “Walter Mendoza”, y tendría cerca de 3.000 hombres en sus filas.
La nueva política de seguridad de la Espriella
Para el nuevo gobierno se debía poner fin al trabajo de negociadores como Armando Novoa, y finalizar del todo las posibilidades de hablar con representantes del ELN o el EMC. La nueva orden es clara el territorio se controlará mediante la presencia y accionar de las Fuerzas Armadas oficiales.
Los otros dos afectados por la medida son Vera Grave y Camilo González, quienes ya pueden dar por nula la posibilidad de volver a tomar negociaciones con grupos armados ilegales. No obstante, varios procesos estaban congelados.
Con el fin del proceso encabezado por Novoa, el nuevo gobierno puso oficialmente punto final a la política de “Paz Total”, una de las principales apuestas del expresidente Gustavo Petro. Para El Tigre, la estrategia de su antecesor representaba “una falsa paz” y una “claudicación de la soberanía a favor del narcoterrorismo”. Sin embargo, Novoa ya había presentado el pasado 6 de agosto su renuncia irrevocable y, durante su gestión, se alcanzaron algunos acuerdos.
En el tiempo que estuvo al frente de las negociaciones, Novoa consiguió que cerca de 100 combatientes dejaran las armas y se ubicaran en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez. También se logró la entrega y destrucción de unas 15 toneladas de material explosivo. Además, aproximadamente 15.000 familias de Putumayo firmaron acuerdos voluntarios para sustituir cultivos ilícitos, con el acompañamiento de la mesa de negociación.
Novoa, quien fue asesor durante los diálogos de La Habana con las FARC, no fue el único negociador que tuvo dificultades para conseguir acuerdos de fondo con los grupos armados.
Negociaciones marcadas por la fragmentación
Vera Grabe, quien reemplazó a Otty Patiño, intentó, por su parte, conseguir un acuerdo con el ELN. Se trató de una negociación más compleja que la adelantada con las antiguas FARC, debido a que esa organización funciona como una red de frentes semiautónomos. En consecuencia, lo acordado por el Comando Central en una mesa de diálogo no siempre es acatado por las estructuras regionales. A pesar de estas dificultades, la negociadora logró avanzar hasta el quinto ciclo de diálogos.
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Uno de los principales resultados alcanzados con el ELN se produjo precisamente durante ese quinto ciclo, cuando se acordó suspender las retenciones con fines económicos, es decir, dejar de realizar secuestros con ese propósito. También se discutieron las bases para establecer un fondo multidonante destinado a hacer sostenible el proceso de paz.
Sin embargo, la negociación no prosperó, en parte por la falta de voluntad y la desconexión del ELN con la población civil frente a lo que implica construir la paz. La suspensión de las conversaciones se formalizó el 17 de enero de 2025, como consecuencia de las violaciones al cese al fuego cometidas por el ELN en el Catatumbo. En ese momento, la organización aseguró que congelaría los diálogos “hasta que el ELN, definitivamente, piense si quiere caminar la paz”. De haberse consolidado el proceso, cerca de 6.300 insurgentes habrían dejado las armas.
Por último, otro negociador que no consiguió un acuerdo de fondo fue Camilo González Posso, quien intentó avanzar en una negociación con el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las FARC. La estructura contaba con entre 3.500 y 3.900 integrantes activos, según informes oficiales, y tenía presencia principalmente en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare.
Entre los principales motivos por los que la negociación no llegó a buen puerto estuvieron la fragmentación interna del EMC y las violaciones sistemáticas al cese al fuego. El proceso terminó a finales de 2025.
Con el fracaso de estas negociaciones, la política de “Paz Total” impulsada durante el gobierno de Petro no consiguió consolidar resultados visibles y duraderos con los principales grupos armados.
