Mientras su papá y su hermano batallan por mantener su poder local en Montelíbano, el director del Inpec lo traslado de la cómoda Cespo a la drástica cárcel
Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue trasladado del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) a la cárcel La Picota, en Bogotá.
El movimiento se produjo mientras avanza el proceso judicial en su contra, en el que se investiga el supuesto recibo de $1.000 millones en efectivo.
Calle permanecía en el Cespo, una instalación policial donde estaba recluido en condiciones diferentes a las de una cárcel convencional. El traslado a La Picota representa un cambio en su situación de reclusión y ocurre en medio de la política del Gobierno de Abelardo De la Espriella de revisar la permanencia de personas privadas de la libertad en instalaciones de la Fuerza Pública.
De acuerdo con reportes sobre la medida, se busca que estos espacios sean utilizados principalmente por uniformados.
Una familia cuestionada durante años
La decisión también tiene una lectura política en Córdoba, donde la familia Calle construyó durante años una estructura de poder con influencia especialmente en Montelíbano.
Andrés Calle llegó al Congreso en 2018, cuando obtuvo una curul en la Cámara de Representantes con el aval del Partido Liberal. Tenía apenas 27 años y contaba con el respaldo político de su padre, Gabriel Calle Demoya.
En las elecciones de ese año, Calle consiguió más de 50.000 votos, pese a que era su primera participación electoral. Cuatro años después, aumentó su votación y volvió a llegar a la Cámara, esta vez con más de 70.000 sufragios. Su crecimiento político alcanzó uno de sus puntos más altos el 20 de julio de 2023, cuando fue elegido presidente de la Cámara de Representantes con 179 votos.
Papel protagónico y líos con el expresidente Gustavo Petro
Su llegada a la Presidencia de la Cámara coincidió con una etapa de estrecha relación entre el Congreso y el Gobierno de Gustavo Petro. Desde esa posición, Calle tuvo un papel relevante en el trámite de las reformas impulsadas por la administración, entre ellas las propuestas de reformas de salud y pensiones.
Ese papel terminó convirtiéndose en uno de los principales elementos de la investigación que enfrenta. El exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla señalaron a Calle de haber recibido $1.000 millones, presuntamente como parte de un esquema de pagos destinado a favorecer el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso.
Según la hipótesis investigativa, el dinero habría sido entregado en octubre de 2023 y estaría relacionado con los recursos destinados a garantizar apoyos políticos a las iniciativas del Gobierno Petro.
La investigación también ha examinado el recorrido y el posible destino de esos recursos. Calle ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y su defensa ha controvertido la versión de los testigos.
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El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que mantiene el proceso contra el excongresista. La investigación busca determinar si Calle recibió dinero o beneficios a cambio de favorecer proyectos y decisiones políticas desde la Presidencia de la Cámara. El proceso continúa y, por ahora, el político conserva la presunción de inocencia.
