Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla cuestionan a la Fiscalía durante audiencia por el caso Ungrd

Las defensas de los exministros señalaron dificultades para acceder y revisar parte del material probatorio. Bonilla y Velasco también cuestionaron la cantidad de información entregada por el ente acusador.

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco participaron este lunes 21 de septiembre en la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta en su contra por el denominado caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ambos fueron acusados por la Fiscalía ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en hechos relacionados con el manejo de contratos y supuestos acuerdos con congresistas. Entre los delitos atribuidos se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, entre 2023 y 2024 se habría utilizado la contratación pública para obtener respaldo de congresistas a iniciativas impulsadas por el Gobierno. La investigación menciona 79 proyectos gestionados desde la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cerca de $612.237 millones, de los cuales siete habrían llegado a concretarse.

La Fiscalía sostiene que algunos de esos recursos habrían sido orientados hacia proyectos de interés de determinados congresistas a cambio de respaldo político. En el caso de Bonilla, el ente acusador le atribuye participación en la autorización o gestión de los denominados “cupos indicativos”. A Velasco, por su parte, le atribuye, entre otros hechos, haber solicitado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, asistir a una sesión del Congreso para gestionar contratos destinados a congresistas.

La defensa de Bonilla cuestionó el acceso a las pruebas

Durante la audiencia, el abogado de Ricardo Bonilla manifestó su desacuerdo con la forma en que la Fiscalía ha realizado el descubrimiento probatorio.

Según el defensor, la defensa participó en 17 sesiones de entrega de información, mientras que la Fiscalía habría contabilizado nueve. También afirmó que el material supera los 16 terabytes y que existen carpetas vacías, archivos cifrados y documentos que no pueden ser abiertos o consultados correctamente.

La defensa pidió que se realice el escaneo de determinados documentos o que sean entregados en sus archivos nativos, especialmente aquellos relacionados con declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y testigos relevantes dentro de la investigación.

Bonilla intervino brevemente durante la audiencia y cuestionó la cantidad de información que, según él, está recibiendo su defensa.

“Yo siento a la Fiscalía inundándonos de información que mucha no tiene ningún sentido”, afirmó el exministro, quien sostuvo que esa situación puede reducir la capacidad de la defensa para revisar el material.

Defensa de Velasco también cuestionó el descubrimiento probatorio

La defensa de Luis Fernando Velasco planteó reparos similares y sostuvo que no puede considerarse entregada aquella información que fue suministrada de manera parcial o que presenta dificultades para ser abierta, copiada o reproducida.

La abogada también reclamó que, además de los informes relacionados con Sneyder Pinilla, deberían entregarse otros elementos como interrogatorios, audios y conversaciones que puedan resultar relevantes para contrastar las declaraciones de los testigos y evaluar posibles inconsistencias.

Velasco, por su parte, cuestionó la cantidad de material que debe revisar su equipo de defensa frente a los recursos con los que cuenta la Fiscalía.

“Llenar a la defensa de inmensas cargas, de revisión de pruebas con documentos que de nada sirven en este proceso, no es una actuación muy leal”, afirmó el exministro durante la diligencia.

El proceso continúa en la etapa preparatoria, fase en la que las partes realizan el descubrimiento y discusión de las pruebas que pretenden llevar al juicio. Las controversias planteadas durante esta etapa deberán ser resueltas por la autoridad judicial correspondiente antes del inicio del juicio oral.

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