Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de Representantes avanzan en la discusión y aprobación conjunta del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027.
Con corte a las 5:00 p.m., no hubo una decisión sobre el futuro del Presupuesto del próximo año. Sin embargo, ya se conocieron algunos cambios concertados entre coordinadores y ponentes frente a la propuesta que entregó inicialmente el Ministerio de Hacienda.
Puntualmente, la ponencia que se está discutiendo en el Congreso contempló recortes en sectores como el Ministerio de Hacienda, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y el Departamento Nacional de Planeación. Los recortes acordados, respectivamente, fueron de $2 billones, $170.000 millones, $17.000 millones, $15.000 millones y $13.000 millones.
El ajuste en el presupuesto para la cartera de Hacienda tiene como destino la cartera de Salud. Al respecto, la ministra Ana María Vesga había detallado que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, estaría en el orden de 12% o 13% en 2027, anticipando la necesidad de mayores recursos.
Además, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló el lunes que la cartera ya había sugerido la necesidad de contar con al menos $13,9 billones, en su mayoría por cuenta de gastos de funcionamiento.
“Los cálculos realizados en años anteriores ayudan a entender por qué el Ministerio está revisando la financiación. La Andi estimó que, para 2026, la UPC debía aumentar por lo menos 15,6% para comenzar a estabilizar la operación corriente. Ese análisis proyectaba para 2025 una siniestralidad de 105,9% y un déficit operativo de $10,2 billones: por cada $100 recibidos por las EPS se gastarían casi $106 solo en atenciones de salud, antes de gastos administrativos”, dijo Mac Master.
Hubo otros sectores a los que se les adicionaron recursos entre la propuesta inicial y la ponencia en discusión. Tales son los casos de la Rama Judicial, que recibiría $100.000 millones más; el Ministerio del Deporte, con $99.106 millones adicionales, y el de Defensa, con $17.000 millones adicionales.
Aunque ya se definió el monto general, de $634,9 billones, aún existen diferencias por parte de la oposición sobre la distribución de recursos para las regiones y el monto que se destinaría al servicio de la deuda.
Ante esto, la bancada de oposición, liderada por el Pacto Histórico, presentó una ponencia alternativa por $36 billones menos, es decir, $598,6 billones, pero atada a la necesidad de recursos contingentes por $32 billones.
También activa la cláusula de escape de la Regla Fiscal, aprobada por el Confis para el periodo 2025-2027, “respetando en todo momento el ancla de la deuda neta de 55% y el techo de la deuda bruta de 71%”.
“El Gobierno propone reducir los ingresos corrientes con la reducción del impuesto a la renta y al patrimonio y aumentar la deuda, grave error. Necesitaremos $155 billones de deuda pública el próximo año (…) se acrecientan los recursos de crédito interno y le pediremos al sector financiero, pero nos regresarán deuda nueva frente a lo que saldría del PGN; sería una amortización pequeña y marginal”, apuntó Jorge Hernán Bastidas, representante a la Cámara por Cauca por el Pacto Histórico.
El debate que se está gestando entre las Comisiones Económicas no definirá ningún ajuste al monto, pues este ya fue aprobado. Lo que está en juego es la asignación de los recursos que tendrá cada sector, en momentos en que el terremoto ejerce presiones sobre la distribución de recursos para las zonas afectadas por este hecho.
Ante esto, las fechas que aún se deben tener en cuenta son el viernes 25 de septiembre, como fecha límite para que las Comisiones Económicas Conjuntas lo aprueben.
Una vez pase esta instancia, continuará su trámite con debate en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado, donde se discutirá y votará por separado. El calendario establece que las plenarias de ambas cámaras iniciarán la discusión el próximo mes y que el Congreso tendrá hasta el 20 de octubre para aprobar completamente el proyecto.
