Las presión oficial para lograr un cambo en la ANDI es unreto para los empresarios mas que para el gobierno
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Remover o mantener al director del gremio más importante del país, ante la amenaza de cancelar la interlocución con el gobierno, obliga a las 1600 empresas afiliadas a pensar y actuar políticamente. Ya ocurrió con la dirección de la CCI, donde sus afiliados cedieron a la presión para que Carolina Soto desistiera de su nombramiento, a pesar de contar con todas las calificaciones. Ahora los afiliados de la ANDI deben decidir cómo lograr la adecuada relación con ADLE, prever qué pasa si se corta el canal, y evaluar si la autonomía del gremio agrega más valor a la actividad productiva, que la sumisión.
La tensión gobiernos- gremios es usual. Los gremios defienden intereses que deben integrar a las políticas de estado y el estado debe pensar más allá de las necesidades empresariales. El modelo tradicional gremial se basaba en la representación, el lobby y la defensa sectorial. El modelo contemporáneo incorporó nuevas funciones: producción de conocimiento, coordinación empresarial, construcción de consensos, estándares, formación, solución de problemas colectivos y participación técnica en la formulación de políticas públicas.
Si la única función de la ANDI fuera mantener la interlocución con el Ejecutivo, la amenaza de cortar la comunicación sería grave. Pero la ANDI desempeña más funciones. Recolecta y procesa información de sus afiliados, produce estudios e indicadores y representa a sus afiliados. Un gremio moderno advierte los efectos negativos de políticas públicas sobre el aparato productivo, en empleo, crecimiento de la economía, inversión y recaudación tributaria. La ANDI al estructurar consensos, hace eficiente la interlocución con el estado.
Contar con un solo un interlocutor que ha escuchado las voces de la industria, que dirime sus enfoques y concilia su diversidad, es una ventaja para el gobierno. Si este proceso se suspende, el gobierno debe dialogar directamente con las empresas. Pero como no puede hacerlo con todas, solo las que tienen mayor poder acceden al Ejecutivo y van a hablar por su propios intereses, no por el colectivo empresarial. En este escenario un corte comunicacional afecta a las dos partes.
Con la globalización se pensó que los gremios iban a desaparecer. Pero ha ocurrido lo contrario, sobreviven y con fuerza. Su representación en Occidente, en promedio está por encima del 55% del empresariado que emplea entre el 50% y el 80% de los trabajadores, según el país. En Brasil la Confederación Nacional de la Industria (CNI) representa a 1350 carteles empresariales. Elaborar una agenda industrial y fija posiciones sobre competitividad, regulación y financiación. La relación CNI con el estado es institucional, sin depender de amores o desamores del gobierno. También actúan los gremios regionales. El de Sao Paolo, la FIESP, lo hace más políticamente. Ayudó a desbancar a Dilma Rouseff y expresa sus críticas de manera permanente al gobierno, sin que nadie se altere. El umbral de tolerancia lo tienen alto.
En México el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es muy poderoso. Tanto AMLO como Sheinbaum han mantenido su interlocución a pesar de sus diferencias. El CCE discute temas económicos, comerciales y de regulación y participa en la revisión del TLC con Estados Unidos, sin que nadie les niegue la entrada a las sesiones donde se debate. La Coparmex, otro poderoso gremio, participa con una personalidad más política. Durante el período AMLO lo criticó sin pausa, como ahora lo hace con las política de Sheinbaum en especial sobre seguridad, inversión y gasto público. Nadie se inmuta. Las partes saben que las diferencias son propias de los humanos.
En Estados Unidos la Chamber of Commerce y la National Association of manufacturers son dos de los gremios más potentes. En este país la herramienta fundamental de acción empresarial es el lobby, en el que invierten sumas astronómicas. Sin embargo, la relación amor-odio entre gobierno y gremios es igual. La Chamber of Commerce mantuvo una relación tensa con Obama por su política de salud, la regulación financiera, el cambio climático y el gasto público. Los secretarios de estado de Obama en voz baja promovieron el cambio de dirección, sin éxito. Entonces se brincaron al gremio para hablar directamente con las empresas. Las dos partes perdieron.
En España, el CEPYME que dirigía Gerardo Cuerva se convirtió en crítico del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus diferencias frente al salario mínimo, la jornada laboral y el intervencionismo económico eran abiertas. El gremio asegura que el gobierno hizo presiones para cambiar al director. Los afiliados se dividieron frente a la confrontación y finalmente llegaron a una votación en la que se impuso, por pocos votos Ángela de Miguel, la contrincante de Cuervas. Lo curioso es que la nueva directora mantuvo la postura crítica frente al actual gobierno del PSOE. Empate técnico.
Los gobiernos carecen de la estructura para organizar diálogos representativos entre los empresarios, o para recolectar la información que ofrecen y tampoco tienen agilidad para elaborar los estudios que se requieren. El gremio tiene organizado esos procesos que le facilitan al gobierno actuar y a los afiliados asegurar la interlocución que les permite afinar planes de inversión y anticipar los problemas de la dinámica incierta de la economía global en estos tiempos de guerras y Trump.
La presión del gobierno frente a la decisión del gremio de la continuidad de Mc Master también genera una división entre los empresarios. Las diferentes visiones políticas de los grupos empresariales van a chocar. Los que saludaron la paz de La Habana piensan distinto a los que la consideran una entrega del estado al terrorismo. Las 35 empresas que conforman la directiva tienen una decisión donde lo fácil es equivocarse. Si los afiliados consideran que el gobierno puede vetar al director del gremio, pierden la autonomía para decir lo que piensan tras su proceso de buscar consensos y de análisis del estado del aparato productivo. Es volver a la mentalidad de los gremios antiguos en la que se buscaban favores, concesiones y privilegios del estado a base de lagartería.
El comportamiento del grupo de las multinacionales será interesante. Ante todo, estas empresas buscan regulaciones favorables, seguridad jurídica y energética, estabilidad tributaria y garantías para sus inversiones a largo plazo. Por supuesto saben que su peso favorece o desfavorece la gobernabilidad. Con una mirada global, saben aguantar temporales ideológicos de un gobierno como el de Petro, o aprovechar los vientos favorables con un gobierno como el de ADLE. Las grandes compañías contratan consultores, abogados, centros de pensamiento y especialistas en regulación, y consolidan información que ponen a circular de inmediato. Lo que el gremio agrega es inteligencia económica que los actores individuales no están en capacidad de consolidar. La pregunta es si su interlocución directa sustituye las ventajas de la acción colectiva que ofrece la ANDI.
Como ocurrió en otros países, cambiar la cabeza del gremio no implica que el oído del gobernante se vaya a endulzar. La información que recoge y produce la ANDI, no cambia según el director. Ni los intereses que representa. Si las políticas de ADLE no le convienen, serán críticos, y si les convienen serán punto de apoyo para el gobierno sea quien sea el director. Sin duda en un sistema político presidencialista, el acceso directo al Ejecutivo tiene un valor importante. Si el Gobierno decide cancelar al director actual, la organización pierde uno de sus activos tradicionales: su capacidad de conectar al empresariado con el poder ejecutivo. Pero sus otras funciones se fortalecen. El gobierno a su vez provoca una división que más tarde, cuando acabada la luna de miel necesite apoyo para sus medidas, con un triunfo tan precario como el que obtuvo. El tío Sam ya no lo puede todo, como se ve en Irán.
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