El abogado de uno de los cerebros del desfalco con la Ungrd pidió revisar la orden de traslado y alertó sobre los riesgos de seguridad de su cliente
El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, cambió las condiciones de reclusión de los protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
López quien se desempeñaba como Director General de la UNGRD permanecía en el Cantón Caldas, una instalación militar amplia y arborizada, mientras que Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres, se encontraba en la Escuela de Artillería, con amplias instalaciones, campos de entrenamiento y zonas verdes. Ambos espacios ofrecían condiciones muy diferentes a las de una cárcel de máxima seguridad o una prisión normal.
La situación cambió con la decisión del Gobierno de trasladar a varios detenidos por procesos de corrupción. En el caso de Pinilla, su abogado, Gustavo Moreno, pidió que la medida no se materializara y cuestionó las condiciones en las que quedaría recluido su cliente, quien realizó un preacuerdo y fue condenado a una pena de 5 años y 8 meses de prisión
Según Moreno, enviar a Pinilla a La Picota representa un riesgo grave para su seguridad, puede afectar la investigación y desconoce decisiones judiciales adoptadas previamente. El abogado sostiene que Pinilla, por su condición de colaborador de la justicia y testigo clave en las investigaciones, debería permanecer en un lugar alejado de personas que podrían estar relacionadas con los hechos que ha declarado.
Para la defensa, el asunto no se limita a la seguridad física. Moreno advierte que un eventual traslado podría afectar la cooperación de Pinilla con las autoridades y, con ello, el avance de los procesos en los que participa. El abogado también ha destacado la colaboración de su cliente en la devolución de $ 618 millones (correspondiente al dinero que se apropió ilegalmente dentro del contrato de los carrotanques para La Guajira) y ha insistido en que el Estado debe garantizar condiciones que permitan mantener esa cooperación.
Moreno cobró notoriedad nacional cuando siendo el “Zar Anticorrupción” de la Fiscalía General de la Nación (Director Nacional de Anticorrupción), cayó en una trampa de la DEA en Miami donde en una operación encubierta se grabó el momento en que recibió US$ 10.000 dólares en efectivo a cambio de frenar y dilatar las investigaciones en contra del entonces exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Tras ser capturado en 2017 y ver su extradición inminente, decidió convertirse en testigo clave y destapó una red de corrupción en magistrados conocida como el Cartel de la Toga. Posteriormente fue condenado en Colombia y Estados Unidos por delitos relacionados con corrupción y sobornos.
Tras cumplir sus condenas durante 5 años y 3 meses privado de la libertad, la mayor parte del tiempo en guarniciones de la Fuerza Pública y recuperar la libertad en octubre de 2022, Moreno retomó el ejercicio privado del derecho y fundó la firma Gustavo Moreno Abogados. Desde allí ha asumido la defensa de distintos personajes vinculados a investigaciones judiciales, entre ellos Sneyder Pinilla.
El debate sobre el traslado se produjo después de que el Gobierno anunciara una política de mayor restricción para personas privadas de la libertad por casos de corrupción. Entre los trasladados a La Picota han estado Wadith Manzur, Hecson Alexys Benito Castro, Andrés Calle, Juan Carlos Abadía, Víctor Gamboa y Álex Vernot.
Ahora, la medida alcanza a López y Pinilla, antiguos funcionarios del Gobierno anterior. En medio de esta decisión, la defensa de Pinilla busca que se revisen las condiciones de reclusión y se preserve su seguridad y su colaboración con la justicia.
