El operativo militar se realizó en zona rural de Puerto Rico. Durante las acciones murió una mujer que sería integrante del grupo armado y fueron detenidos otros dos presuntos miembros de la estructura.
El Ejército Nacional reportó la captura de alias ‘Junior Rojas’, señalado como segundo cabecilla y presunto responsable de las finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
La operación militar se desarrolló en la vereda Guaimaral, zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta, donde las tropas sostuvieron enfrentamientos armados con integrantes de la organización ilegal.
Durante los hechos murió una mujer que, según la información preliminar, sería integrante del grupo armado y presuntamente compañera sentimental del señalado cabecilla. Asimismo, otros dos presuntos miembros de la estructura fueron capturados.
De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron incautados dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano, municiones, proveedores, equipos de comunicación y otros elementos que, al parecer, estarían relacionados con actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos de la región.
Investigación por extorsiones y reclutamiento de menores
Las autoridades atribuyen preliminarmente a alias ‘Junior Rojas’ presuntas actividades de cobro de extorsiones, recaudo de recursos para la adquisición ilegal de armamento y acciones de constreñimiento contra la población civil.
Además, el señalado estaría vinculado con el ataque con explosivos ocurrido el 21 de septiembre en Puerto Chorizo, jurisdicción del municipio de Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos.
Las investigaciones también buscan establecer su posible participación en actividades de reclutamiento de menores de edad y su traslado hacia otras zonas de influencia de la organización armada.
Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales dentro del proceso, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
