La medida judicial se relaciona con una demanda presentada por una empresaria santandereana, quien reclama la devolución de un préstamo que habría realizado durante la campaña presidencial de 2022.
Un juez de Barrancabermeja, Santander, habría ordenado el embargo de una cuenta bancaria del Pacto Histórico en el marco de un proceso judicial por el cobro de una deuda de $450 millones, relacionada con un préstamo que una empresaria asegura haber otorgado durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La demanda fue promovida por la empresaria Bibiana Piedad Pérez Arroyo, quien sostiene que entregó el dinero el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial. Según la reclamación, el préstamo no habría sido reembolsado, por lo que solicita la devolución del capital y los intereses correspondientes.
El proceso judicial y los antecedentes
En las primeras actuaciones del proceso habría estado vinculado Ricardo Roa Barragán, quien durante la campaña presidencial de 2022 se desempeñó como gerente de campaña. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, dentro del expediente también se habrían ordenado medidas cautelares sobre su salario y algunos bienes.
Posteriormente, tras la integración de distintas organizaciones políticas en el Pacto Histórico, surgieron actuaciones relacionadas con la responsabilidad jurídica y patrimonial que correspondería establecer dentro del proceso.
En ese contexto, una cuenta bancaria de la colectividad habría quedado comprendida en las medidas cautelares decretadas para respaldar el eventual pago de la obligación reclamada.
¿Dónde se consignarían los recursos?
Según la información suministrada sobre la decisión, la orden deberá ser atendida por la Cooperativa Confiar, entidad financiera en la que se encontrarían los recursos objeto de la medida. El dinero embargado deberá quedar a disposición del juzgado mediante consignación en el Banco Agrario, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.
No obstante, la medida tendría límites legales. Algunos recursos, como determinadas transferencias públicas y dineros del sistema de seguridad social, pueden estar sujetos a reglas especiales de inembargabilidad, dependiendo de su naturaleza y destinación.
El alcance definitivo de la decisión, la identificación de la cuenta afectada y las obligaciones que eventualmente deban asumir las partes deberán establecerse a partir del contenido de la providencia judicial y de las actuaciones incorporadas al expediente.
