El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del INPEC, es hasta hoy el funcionario más felicitado por el presidente Abelardo De la Espriella, en la medida en que ha cumplido literalmente las órdenes relativas a los traslados de internos de cuello blanco o de alta peligrosidad, según las consideraciones hechas por el mandatario. Es uno de los pocos altos funcionarios que ha sobrevivido el cambio de gobierno
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“Buen trabajo, señor director (…) El tal ‘Firu’ ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, se lee en uno de los apartes de uno de más recientes mensajes difundido a través de su cuenta X por el jefe del Estado.
Señor director del @INPEC_Colombia : en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias “Firu”, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde.
Ese forajido, no puede seguir… https://t.co/90hVHnepyt
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026
Las órdenes incluyen que algunos de los internos deben ir peluqueados y uniformados como corresponde porque, según el presidente, esa es una forma de significar que “cuando el Estado se decide a enfrentar a los bandidos, nunca pierde”.
Detrás de los traslados, considerados por el gobierno muestras de firmeza, también hay reacciones humanas. El excongresista Wadith Manzur salió enjugando sus lágrimas cuando fue notificado de que iría para La Picota después de estar confinado en un cuartel policial.
El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía sufrió una crisis nerviosa -algunos medios la definieron como una descompensación mental, cuando comenzó su sorpresivo traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad de Cali a la cárcel de Villahermosa, en Cali. El Presidente reaccionó con dureza y ordenó, tras el chequeo médico, ejecutar la orden.
🚨 El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de una descompensación que se produjo cuando conoció que sería enviado a una prisión ordinaria.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que Abadía “simuló un episodio… pic.twitter.com/DLf5pVJdVY
— Las2orillas (@Las2Orillas) September 20, 2026
También es cierto que algunos de los internos que han sido objeto de estas medidas impuestas por el gobierno, no por jueces de control de garantías o de ejecución de penas, gozaban en sus lugares de reclusión de comodidades y privilegios que les son ajenos a reclusos anónimos.
Algunas veedurías ciudadanas han denunciado que Abadía, por ejemplo, recibía visitas en horarios distintos a los establecidos por los reglamentos, se movía a sus anchas e incluso habría salido a la calle sin la correspondiente autorización.
De hecho, el mismo exgobernador venía contando con especial suerte en sus relaciones con la justicia ya que se ha librado de pagar una multa superior a los $2.000 millones que le fue impuesta, como pena accesoria, cuando fue condenado hace ya once años por un saqueo a la Industria de Licores del Valle. Sin embargo, purga una larga condena por otro delito.
En este mismo lugar estuvo también detenido Luis Fernando Velasco -ex ministro del interior de Gustavo Petro- 7 meses pero a comienzos de agosto obtuvo la libertad para defenderse de la acusación de la Corte Suprema por el escándalo de corrupción de la UGDRD como puede leerse en esta nota.
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La instrucción, emitida el domingo 13 de septiembre, fue clara: sacar de Escuelas de Carabineros, del CESPO y de caballerizas de la Policía a todos los privados de la libertad que no cumplan requisitos legales para estar allí, y llevarlos a cárceles del INPEC. En diez días, el Instituto movió a más de 100 internos. Entre ellos, nueve cuyos nombres han merecido notoriedad pública.
El peso de la notoriedad
Uno de los traslados más relevantes ocurrió el miércoles 9 de septiembre a las 6:00 a.m. Cinco hombres salieron del Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) en Bogotá esposados y terminaron en La Picota. ¿Quién es eran?
La lista la encabezaba Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes y exvicepresidente del Congreso de la República. El cordobés, protagonista del escándalo UNGRD, es investigado por presuntamente recibir $1.000 millones para aceitar la aprobación de reformas del gobierno Petro. Pasó de un cubículo con escritorio a un patio de funcionarios públicos.
Le siguió Wadith Manzur Imbett, representante conservador, también en problemas con la justicia penal por el caso de la UNGRD. Está cobijado con una medida de aseguramiento de la Corte Suprema desde el 11 de marzo y estaba en la Escuela de Carabineros del norte de Bogotá. Ahora tendrá que aguardar en una celda de La Picota su llamado a juicio.
Al carro blindado utilizado para el cambio de reclusión subió también Víctor Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, Boyacá. Gamboa fue capturado por la presunta exigencia de sobornos a una empresaria para agilizarle un trámite con tierras de su propiedad.
La remisión incluyó además a Álex Vernot, abogado del caso Hyundai seguido contra el empresario Carlos Mattos. Vernot está condenado por soborno a funcionarios de la DIAN.
Rumbo a la misma penitenciaría también tuvo que partir Emiro Rojas Granados, exdirector del DAS, condenado por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
El cambio no es menor porque en CESPO tenían visitas sin límite, alimentación especial y celdas individuales. En La Picota tendrán que someterse a un duro régimen ordinario.
Objeto de ese tipo de medidas han sido reclusos de diverso origen y notoriedad. Hecson Alexys Benito Castro, exgobernador de Vichada. Trasladado junto a Manzur, también de guarnición policial a La Picota. Igualmente, Digno José Palomino Rodríguez, alias “El Jefe de Los Pepes” y asociado a la banda de Los Costeños. El 10 de septiembre fue sacado de Picaleña, Ibagué, a La Picota, en Bogotá. El 17 se ordenó su traslado definitivo a Palogordo, en Girón, Santander, cárcel de máxima seguridad donde están los extraditables.
David Murcia Guzmán, el creador de DMG fue movido de La Picota a Palogordo, también por orden presidencial. Su abogada, Sandra Macollins, asegura que la decisión no les fue notificada como era debido. Murcia, condenado a 22 años por lavado y captación masiva, venía dando entrevistas en las que aseguró que fue “estafado” cuando De La Espriella, entonces abogado litigante, le brindó asesoría jurídica.
El gobierno presenta estos casos como el ejemplo perfecto de los privilegios que quiere acabar. “Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior”, dijo De la Espriella en una alocución.
La purga de ‘El Tigre’ apenas empieza. En el INPEC dicen que la lista sigue y que hay más políticos en estaciones de Policía en Montería, Sincelejo y Valledupar que serán movidos en los próximos días. Sus nombres no han sido mencionados en público para no afectar el sigilo que rodeará sus traslados.
