En las últimas horas, se conoció un informe que realizó la Contraloría General de la República sobre la auditoría realizada al Consejo Superior de la Judicatura, quien es la encargada de administrar los recursos de la Rama Judicial e investiga a sus funcionarios.
En este informe, se pudo conocer que el Consejo supera los 2,7 billones de pesos, pero sus pasivos se triplican, superando los 9,2 billones de pesos durante la vigencia fiscal del año 2020.
Ante eso el contralor Sebastián Montoya, quien fue el delegado para estar en el sector de justicia, manifestó
“Se encontraron incorrecciones por más de 56 mil millones de pesos, lo cual afecta la opinión contable. Se evidenciaron errores contables dentro de los procesos, falta de seguimiento y control a los procesos que se están realizando en contra de la entidad y errores de registro en materia de defensa judicial”.
Siendo así, se encontraron que las deficiencias de su ejecución en cuanto al presupuesto radican en
Procesos de contratación para adquisiciones de bienes y servicios, con reiteradas suspensiones o modificaciones.
Pagos adicionales por obras no previstas.
Procesos de contratación de obras civiles fallidas.
Procesos de compra de software sin soportes de entrega.
Ante eso, también se menciona que
“No obstante haberse realizado los procesos de apropiación presupuestal (…) no se ha satisfecho la necesidad planteada inicialmente para fortalecimiento de la infraestructura física de apoyo y descongestión de la justicia en Colombia, pues no existen las obras, o existen inconclusas”.
Inclusive, la Contraloría advierte limitaciones en el suministro de la información que afectaría el alcance de esta auditoría.
“El equipo auditor determinó que los controles diseñados dentro de la entidad no son suficientes para contrarrestar los riesgos que allí se tienen”, agregó el contralor Montoya.
