El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este martes a las críticas de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre el sistema penitenciario salvadoreño y le propuso trasladar a Colombia al “100 %” de los detenidos, incluidos los que calificó como “presos políticos”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Bukele reaccionó a las declaraciones de Petro, quien había señalado que en El Salvador existen “campos de concentración”.

“Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”, escribió el mandatario salvadoreño.

En ese contexto, Bukele afirmó que su gobierno está dispuesto a facilitar el traslado de toda la población carcelaria del país. “Todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere que viola su política del ‘amor y la vida’”, agregó.

El jefe de Estado salvadoreño insistió en que la eventual medida debería aplicarse sin excepciones. “Deben ser todos, porque si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”, sostuvo.

Asimismo, recordó que una propuesta similar fue planteada anteriormente a Hillary Clinton, tras cuestionamientos al sistema penitenciario de su país.

Las declaraciones de Petro

La polémica se originó luego de que el lunes el presidente Petro afirmara que las cárceles salvadoreñas albergan “personas presas inocentes” y las calificara como “campos de concentración de población civil”.

Según el mandatario colombiano, en estos centros de reclusión se estaría “matando en vida” a miles de jóvenes.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida implementada para combatir a las pandillas y que ha permitido la captura de más de 91.000 personas. El propio Bukele ha reconocido que al menos 8.000 de los detenidos serían inocentes.

En medio de este contexto, organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6.400 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como al menos 512 muertes bajo custodia estatal.

Recientemente, un grupo de juristas internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que advierten que en el país centroamericano podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.

La controversia abre un nuevo capítulo en las tensiones discursivas entre ambos mandatarios, en medio de un debate regional sobre seguridad, derechos humanos y políticas contra el crimen.