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Con los 4 billones que ha costado la JEP para sacar solo 8 sentencias definitivas -a $500.000 millones cada una- y los más de 10 billones que ha costado la Procuraduría en los últimos 5 años a $2 billones anuales, hemos enterrado 14 billones de pesos. Con eso alcanzaríamos para pagar 1,4 millones de sentencias de jueces ordinarios. Hoy, con lo que vale una sola sentencia de la JEP podríamos pagar 50.000 condenas por hurto, homicidio o abuso infantil en toda la Colombia Rural. Y con la Procuraduría es peor: de cada 100 procesos que abre, 95 se archivan y solo 1 a 3 terminan en castigo real. Cada funcionario que logra sancionar nos cuesta entre 666 y 5.000 millones de pesos, lo mismo que pagar 66 a 500 condenas penales en el campo. Sale más caro condenar políticos ladrones que el beneficio de lo que nunca devuelven. Pero es lógico: el mismo senado elige de la terna del presidente sus propios controles. O para ser más claros: El ladrón elige su propia veeduría. No se trata de cambiar la constitución, pero sí podemos quitarle el presupuesto a una entidad hecha para pagar favores políticos con impunidad que deberá sobrevivir en el papel mientras las reformas de verdad SE FINANCIAN.
Colombia: Patria sin padre
En nuestra querida patria (palabra que viene de ‘Pater’ o padre), el debate público suele concentrarse en la capacidad operativa de la Fuerza Pública (generalmente la Policía) para realizar capturas o en las estériles discusiones de reforma política a las altas magistraturas. Sin embargo, se esquiva de manera sistemática el verdadero cuello de botella del Estado: la ineficiencia operativa y presupuestal del aparato judicial. La impunidad no es un fenómeno abstracto; es la consecuencia medible de una falla en tres variables clave: la cobertura regional, la escasez de condenas efectivas frente a las detenciones policiales y el elevado costo fiscal de cada providencia pronunciada por las corporaciones de justicia.
1. Cobertura e ineficiencia presupuestal: el costo de la providencia de fondo
La presencia de la Rama Judicial en el territorio mantiene un déficit estructural: Colombia cuenta con apenas 11 a 12 jueces por cada 100.000 habitantes, lejos del estándar de 65 (que evalúa jueces, magistrados y personal de apoyo directo), lo recomendado en los informes comparativos de la OCDE*. Sin embargo, al cruzar las partidas del Presupuesto General de la Nación (PGN 2024-2025) con el volumen real de decisiones sustanciales de fondo, se evidencia una asimetría profunda en el gasto en justicia:
· Corte Constitucional: Con un presupuesto de funcionamiento que ronda los $115.000 a $130.000 millones de pesos anuales, la corporación emite un promedio de 600 a 700 sentencias de fondo (C, SU y T). Esto representa un costo estimado de $160 a $190 millones de pesos por sentencia. (Nota: El cálculo no incluye el proceso administrativo de selección y filtrado diario de más de 2.000 tutelas).
· Corte Suprema de Justicia: Con una asignación anual cercana a los $280.000 millones de pesos y un promedio de 5.500 a 6.500 sentencias y autos definitivos de casación/revisión, el costo unitario por providencia sustancial se ubica entre los $43 y $50 millones de pesos.
· Consejo de Estado: Con una apropiación anual de $210.000 a $230.000 millones de pesos y una producción media de 5.000 a 6.000 fallos definitivos en materia contencioso-administrativa, un costo de $35 a $42 millones de pesos por providencia de fondo.
· Justicia Transicional (JEP): La JEP cuenta con un presupuesto anual asignado en el PGN 2024-2025 que oscila entre los $744.000 y $777.000 millones de pesos (cerca de un billón de pesos). Al no ser una justicia ordinaria de causas individuales sino de macro-investigación criminal y acusación colectiva, su producción se mide en resoluciones de apertura de macrocasos, autos de imputación y sentencias definitivas (alrededor de 40 a 60 decisiones de fondo anuales). El costo por macro-decisión o resolución de fondo colectiva oscila entre los $12.000 y $18.000 millones de pesos, lo que exige comprenderla bajo una lógica de juzgamiento sistemático y no comparativo con la falta común.
· Justicia Ordinaria (Jueces Base Municipales y de Circuito): La masa de juzgados penales, civiles, laborales y de familia absorbe cerca de $3,8 a $4,1 billones de pesos del presupuesto de la Rama Judicial. Con una producción de 350.000 a 400.000 sentencias anuales, el costo promedio por fallo en la justicia territorial es de $9 a $11 millones de pesos.
Cuadro Resumen: Presupuesto, Producción de Sentencias y Costo Estimado por Providencia
| Corporación / Jurisdicción | Presupuesto Anual Promedio (PGN 2024-2025) | Producción Anual de Providencias/Fallos de Fondo | Costo Estimado Promedio por Providencia Sustancial * |
| Corte Constitucional | ~$115.000 – $130.000 M | ~600 – 700 fallos (C, SU, T) | $160 – $190 millones |
| Corte Suprema de Justicia | ~$280.000 M | ~5.500 – 6.500 sentencias/autos | $43 – $50 millones |
| Consejo de Estado | ~$210.000 – $230.000 M | ~5.000 – 6.000 sentencias/autos | $35 – $42 millones |
| Justicia Transicional (JEP) | ~$744.000 – $777.000 M | ~40 – 60 macro-resoluciones y autos clave | $12.000 – $18.000 millones (Macro-casos) |
| Jueces Ordinarios (Base Nacional) | ~$3,8 – $4,1 billones | ~350.000 – 400.000 sentencias | $9 – $11 millones |
*Nota metodológica: El cálculo aísla las decisiones sustanciales de fondo de cada corporación frente a su presupuesto directo asignado en el PGN 2024-2025. No incluye la carga de autos interlocutorios de trámite ni el proceso masivo de selección administrativa de tutelas.
2. De Pastrana a Petro: el “teatro de las capturas” y la impunidad urbana
Al analizar la efectividad del sistema penal desde 1998 hasta hoy a través de los sistemas oficiales de información (SPOA de la Fiscalía, SIEDCO de la Policía Nacional y estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura), sobresale un patrón constante: la captura se consolidó como el indicador efectista de la policía, pero no como el inicio de la sanción penal. En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla, la tasa de impunidad en delitos de alto impacto (homicidio, hurto calificado y extorsión) se mantiene en un histórico 85% a 92%.
3. La Jurisdicción Especial Indígena (JEI): el imperativo del fortalecimiento y los estímulos
El artículo 246 de la Constitución Política reconoció la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). No obstante, tras más de tres décadas, su ejercicio requiere una transformación que pase de la desatención institucional a la coordinación efectiva:
· Déficit de coordinación estatutaria: La ausencia de una ley estatutaria de coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria —conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-139/96, SU-146/20)— mantiene conflictos de competencia no resueltos en zonas de frontera agrícola y de conflicto.
*Nota metodológica: El cálculo aísla las decisiones sustanciales de fondo de cada corporación frente a su presupuesto directo asignado en el PGN 2024-2025. No incluye la carga de autos interlocutorios de trámite ni el proceso masivo de selección administrativa de tutelas.
La justicia de las tres Colombias:
El caso de Léider Johany Noscué Bototo, alias ‘Mayimbú’, indígena Nasa de Toribío, capturado tres veces por secuestro y hurto, quien firmó Acta en la JEP en marzo de 2017 y quedó libre con órdenes de captura suspendidas para rearmarse con 1.800 hombres para sembrar coca en el Cañón del Micay y ejecutar la masacre de la candidata a alcaldesa Karina García Sierra en Suárez en 2019 nos deja una lección.
Durante dos años fue intocable por un conflicto entre jurisdicciones especiales: las Fuerzas Militares no podían atacarlo hasta que la JEP expulsara a Mayimbú; JEP debía notificar al resguardo Páez de Corinto para que decidiera si lo juzgaba la Justicia Indígena, y la justicia ordinaria ya lo había soltado por este conflicto jurisdiccional. La expulsión llegó el 19 de diciembre de 2019. Lo abatieron dos años después, fortalecido, en 2022. No fue falla operativa, fue culpa del diseño institucional. Ese mismo diseño se replica en la ruralidad a diario, sin fusiles, con violadores de niños. En instituciones educativas del Cauca, como me consta, la modernidad es incompleta: hay matrícula y PAE, subsidio de transporte, pero no hay Fiscalía. Profesores y rectores prefieren convivir con el abuso sexual infantil a quedarse sin salario por huir de los violadores de niños o sin vida. E incluso normalizan el problema diciendo que “es cultural”. Solo aplica la ley del más fuerte, de la barbarie. El docente orientador que cumple la ruta de llevar el caso a Fiscalía General de la Nación, a Comisaría de Familia o a la autoridad indígena es satanizado por sus propios colegas y apuñalado por hacer lo correcto. Necesitamos presencia estatal en la ruralidad, de la justicia, para que no ahoguen la modernidad en los orientadores y de paso, una reforma constitucional donde todos estemos bajo la misma ley. No se trata de negar el derecho propio, se trata de entender que no podemos seguir con tres Colombias: la de Bogotá con las tutelas, la de la JEP con beneficios sin verificación territorial, y la del campo donde no llega el fiscal. Colombia debe tener fiscales rurales itinerantes, policía judicial profesional que haga cumplir la ley sin abusar, y jueces que fallen en caliente. Mientras mantengamos justicias especiales sin una sola vara de condena efectiva, seguiremos siendo lo que somos: una patria sin padre, connivente con la barbarie, productora de Mayimbús y de orientadores que susceptible de desistir antes de llevar la modernidad al campo bajo esas condiciones.
Tres propuestas para transformar la justicia en Colombia
· 1. Ampliar la cobertura de justicia de base priorizada: Reinvertir el altísimo costo de la JEP de 15 mil millones de pesos por fallo, en fiscales rurales itinerantes, policía judicial profesional y jueces ordinarios en el campo colombiano.
· 2. Creación del Indicador Público de Eficiencia Penal (IPEP): Obligar a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a publicar un indicador mensual unificado que trace el destino de cada 100 capturas en flagrancia: cuántas pasan a imputación, cuántas a medida de aseguramiento y cuántas concluyen en condena, reemplazando la captura como métrica de éxito. Esto debe tener un boletín epidemiológico de trastornos de personalidad y de conductas que comprometen violencias en la ruralidad.
· 3. Ley Estatutaria de Coordinación e Inclusión Presupuestal para hacer un barrido de pruebas diagnósticas en aras de detectar trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias: Expedir la reglamentación del Art. 246 Constitucional asignando una partida fija en el PGN para que la Justicia Especial Indígena cumpla una función diagnóstica en la ruralidad y elabore árboles de problemas con la comunidad (acueducto, alcantarillado, vías, sistemas de riego, vivienda, seguridad) para promover soluciones desde Planeación Nacional.
· 4. Desfinanciar la Procuraduría General de la Nación: En tanto el Procurador es elegido para controlar al Senado por el mismo Senado a partir de una terna donde cada candidato es postulado uno a uno por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado: La Procuraduría maneja hoy un presupuesto total de $2,1 billones para 2026 [$2.101.646 millones según SIIF Nación], de los cuales $1,44 billones son solo de funcionamiento (68,5%). Es decir, el mismo aumento de $587.000 millones que le dio el Congreso para año electoral. De ese presupuesto, más del 95% de los expedientes se archiva o prescribe sin decisión de fondo y solo entre 1% y 3% termina en sanción firme (destitución, inhabilidad o multa). Con 28.800 a 72.000 expedientes al año, eso son solo 288 a 2.160 sanciones reales, a un costo de $666 a $5.000 millones por cada funcionario efectivamente sancionado. Por lo anterior: destinar ese dinero a fortalecer la justicia rural y ampliar la planta de jueces en todo el territorio. Un juez municipal produce una sentencia por $10 millones. Con lo que cuesta una sola sanción de la Procuraduría pagamos entre 66 y 500 condenas penales. Ya está bien de cuotas políticas para financiar la impunidad.
Mientras Colombia mantenga una estructura donde un solo fallo transicional cuesta quince mil millones y la justicia base colapsa, la impunidad seguirá siendo el negocio más rentable del país que jamás llegará a la Modernidad.
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