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Capturados los responsables del incendio y saqueo a peaje en Cundinamarca

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Capturados los responsables del incendio y saqueo a peaje en Cundinamarca

Los daños del peaje San Miguel en Sibaté (Cundinamarca), por los actos violentos de cuatro personas el pasado 3 de mayo fueron avaluados en más de $708’000.000.

“Queremos decirle a la opinión pública lo siguiente, en este punto, en el punto donde fue vandalizado, que hemos capturado y judicializado a los cuatro presuntos responsables del incendio y saqueo en este peaje ubicado en la vía  de Sibaté, que conduce a Fusagasugá”, comentó el Fiscal General.

La captura fue realizada por Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, acompañado del Director de la Policía Nacional General Jorge Luis Vargas Valencia;  y el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, que gracias a las pruebas físicas y los videos de las cámaras de seguridad, se pudo establecer como procedieron e intimidaron al personal de la concesión vial que se encontraba en el lugar.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con incendio y daño en bien ajeno agravado. Los cargos no fueron aceptados por los detenidos, a quienes el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

Los afectados con la decisión son: Andrés Felipe Pérez Landinez, Jefferson Steven Martínez Prieto, Omar Fernando Farías Bello y Johan Esteban Zúñiga Muñoz.

“Es importante decir, y este es un mensaje también para aquellos que utilizan los bienes en la ejecución de conductas criminales, que durante las audiencias fue avalada la incautación con fines de comiso de tres vehículos entre ellos un furgón utilizados para la comisión de los actos vandálicos. La Fiscalía reitera que bienes que sean utilizados para cometer delitos serán afectados con los mecanismos que tiene a disposición por la ley”, advirtió el Fiscal Barbosa.

En este sentido, se solicitará la suspensión del poder dispositivo, “Es decir, que no se podrán ni vender, ni negociar esos bienes y se impondrán medidas con fines de comiso ante un juez de garantías y la Fiscalía de ahora en adelante administrará esos bienes hasta que exista una sentencia judicial” aclaró el Fiscal General.

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