Del empresario Carlos Mattos podría esperarse casi cualquier cosa, excepto un bajo perfil. Por eso no sorprendió la propuesta que presentó ante la Fiscalía General de la Nación para evitar un nuevo juicio penal por sus salidas irregulares de prisión, realizadas en vehículos del INPEC y bajo escolta de funcionarios del mismo instituto.
Lo que sí ha generado controversia es que la Fiscalía haya solicitado ante un juez la aplicación de un principio de oportunidad que permitiría cerrar el proceso a cambio de que Mattos entregue vehículos de alta gama como forma de indemnización. La decisión definitiva quedará en manos de un juez de Bogotá, quien deberá pronunciarse este martes.
El origen del escándalo se remonta a hace cuatro años, cuando Noticias Caracol reveló imágenes en las que se veía a Mattos moviéndose libremente por Bogotá, pese a que oficialmente se encontraba bajo custodia del INPEC. En los videos, el empresario aparecía atendiendo reuniones con socios, familiares y abogados en sus oficinas privadas, mientras los mismos guardianes encargados de su vigilancia actuaban como conductores y mensajeros.
Pese a la contundencia de las pruebas —que derivaron incluso en la destitución de los directores del INPEC y de la cárcel La Picota—, la Fiscalía tardó cerca de cuatro años en imputar cargos por estos hechos.
Durante la audiencia en la que se presentó el principio de oportunidad, revelada por Caracol Radio, la fiscal del caso defendió el acuerdo haciendo énfasis en las características técnicas de los bienes que Mattos entregaría como reparación.
La propuesta incluye una camioneta Hyundai Staria para el INPEC, equipada con motor turbo diésel y espejos con calefacción, cuyo valor comercial supera los 180 millones de pesos. También contempla la entrega de una camioneta similar para la Fiscalía, avaluada en más de 182 millones de pesos, así como una motocicleta 250 Adventure, aportada por algunos de los guardianes involucrados en el caso.
Durante la diligencia, la fiscal Aida Moreno llegó a detallar las “virtudes automovilísticas” de los vehículos, un aspecto que fue duramente criticado por expertos y organizaciones civiles, quienes calificaron la situación como “lamentable” e “impresentable”, al considerar que se transmite la idea de que la responsabilidad penal puede saldarse con bienes materiales.
“Los valores estimados de los vehículos que se entregarán al INPEC ascienden a 208.025.126 pesos, que corresponden a la camioneta por 182.485.127 pesos y a la motocicleta por 25.530.000 pesos”, señaló la fiscal Moreno durante la audiencia, según los registros conocidos por Caracol Radio.
Desde la Corporación Excelencia en la Justicia advirtieron que el acuerdo envía un mensaje negativo a la sociedad, al no aportar a la verdad ni implicar un reconocimiento pleno de los hechos por parte de Mattos. Además, cuestionaron que delitos graves como peculado por uso y prevaricato estén siendo “tasados” en camionetas, cuando la principal víctima sigue siendo la administración de justicia.
La polémica se acentúa por un hecho irónico: Mattos pretende cerrar este capítulo judicial con vehículos de la marca Hyundai, la misma que representó en Colombia y que estuvo vinculada al escándalo de sobornos por el cual fue condenado inicialmente.
Cabe recordar que en 2021 Carlos Mattos fue extraditado desde España y procesado en Colombia por sobornar jueces, así como por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Aunque el empresario aceptó su responsabilidad tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, durante la etapa de juicio debía permanecer bajo custodia en la cárcel La Picota, lo que en la práctica no ocurrió.
Según las investigaciones, Mattos utilizó vehículos y escoltas del INPEC para desplazarse hasta su oficina en el norte de Bogotá, donde incluso sostuvo reuniones con su abogado, Iván Cancino, en abierta violación a las condiciones de su detención.
