La intervención de las entidades promotoras de salud Sanitas y Nueva EPS ha suscitado preocupación en la opinión pública y en las autoridades encargadas de velar por los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha anunciado que se llevará a cabo una rigurosa vigilancia para garantizar que los servicios de salud sean adecuadamente prestados a los afiliados de estas EPS.
En declaraciones recientes, Camargo hizo hincapié en la importancia de asegurar que las medidas tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud sean efectivas y beneficiosas para los más de 17 millones de usuarios afectados. Recordó además la experiencia previa con intervenciones de otras EPS, como Savia Salud, donde se observó un deterioro significativo en los indicadores de gestión bajo nuevas administraciones, generando un alto riesgo para la salud de los afiliados.
Para evitar que se repitan estas situaciones, la Defensoría del Pueblo ha decidido enfocar sus esfuerzos en la supervisión de las acciones tomadas por las autoridades competentes. Con este fin, se ha encargado a la delegada para la salud sobre tutelas, PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) y barreras de atención, la tarea de verificar la efectividad de las medidas implementadas en favor de los usuarios de Sanitas y Nueva EPS.
Por otro lado, la intervención de Sanitas ha tomado un giro adicional con la reciente investigación iniciada por la Procuraduría General de la Nación. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de Sanitas, así como con la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas. Este proceso refleja la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en todas las acciones relacionadas con la intervención de entidades de vital importancia para el sistema de salud del país.
