La Corte Constitucional le ordenó al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella asegurar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del próximo año sea suficiente para financiar el sistema de salud. Este indicador corresponde al monto que el Estado transfiere a las EPS por cada persona afiliada, con el fin de cubrir sus servicios de salud durante un año.
La decisión, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia que declaró la salud como derecho fundamental autónomo. En ella, el alto tribunal fijó los criterios que el Ejecutivo deberá considerar para establecer el valor de la UPC por cada afiliado al sistema.
Estos parámetros orientarán a los ministerios de Salud y Hacienda en la definición del monto que regirá para financiar los servicios de salud durante 2027.
En su fallo, los magistrados precisaron que el ministerio de Salud está obligado a sustentar técnicamente que dicho pago responde a las necesidades reales tanto del sistema como de los afiliados, y a aportar la información requerida para su cálculo.
El tema no es nuevo: durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro ya se habían generado tensiones en torno a esta cifra, luego de que la Corte Constitucional advirtiera una insuficiencia en su valor. En su momento, el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazó esa afirmación y cuestionó públicamente el uso que se le daba a los recursos del sistema.
La más reciente decisión judicial se conoce después de que los magistrados de la Sala de Seguimiento verificaran que el Gobierno seguía sin dar cumplimiento a estas obligaciones.
Finalmente, la Corte le recomendó al gobierno De La Espriella actualizar el cálculo de la UPC para 2027 tomando en cuenta variables como el incremento en los costos de medicamentos y tecnologías médicas, el envejecimiento poblacional, la carga de enfermedades y la inflación propia del sector salud, en lugar de basarse únicamente en los valores históricos de esa unidad.
