La Defensoría del Pueblo lanzó una serie de advertencias sobre los riesgos jurídicos, políticos y sociales que implicaría el levantamiento de órdenes de captura contra integrantes de grupos armados ilegales en el marco de la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
A través de un pronunciamiento de cuatro páginas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aclaró que, aunque el presidente tiene facultades legales para solicitar la suspensión de órdenes de captura en procesos de paz, dicha competencia está sometida al cumplimiento de condiciones constitucionales y legales.
El pronunciamiento se conoce en medio de la controversia entre la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, por el eventual levantamiento de órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo.
Defensoría pide sustentar avances reales en negociaciones
En el documento, la Defensoría recordó que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) están contempladas legalmente desde 1998 a través de la Ley de Orden Público y que las decisiones sobre suspensión de órdenes de captura corresponden al presidente como jefe de los procesos de paz.
Sin embargo, advirtió que esa facultad no es absoluta.
“Se trata de una discrecionalidad reglada, pues de lo contrario se convertiría en arbitrariedad”, señala el pronunciamiento, que exige que las decisiones estén debidamente motivadas, delimitadas en tiempo y territorio, y cuenten con mecanismos efectivos de verificación y control.
La entidad enfatizó además que, según la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las ZUT solo pueden establecerse cuando exista un estado avanzado de las negociaciones de paz.
Por ello, la Defensoría pidió al Gobierno demostrar con información verificable que los diálogos con estructuras como el Clan del Golfo avanzan realmente hacia el desarme y sometimiento a la justicia.
“El Gobierno debe sustentar que las medidas buscan un desarme cercano y no una posibilidad hipotética”, indicó el organismo.
Los cuatro riesgos señalados por la Defensoría
El pronunciamiento expone cuatro riesgos principales frente al levantamiento de órdenes de captura y el traslado de integrantes de grupos ilegales hacia las ZUT.
El primero tiene que ver con los derechos de las víctimas. Según la Defensoría, aún no existen acuerdos claros sobre garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las personas afectadas por la violencia.
“La falta de claridad genera riesgos de impunidad y puede incentivar escenarios de rearme o incumplimiento”, advirtió la entidad.
El segundo riesgo está relacionado con el contexto electoral. La Defensoría alertó que las decisiones se producen en medio de un escenario político marcado por la violencia y la influencia territorial de grupos armados ilegales.
Aunque algunas organizaciones han anunciado que respetarán las elecciones, la entidad señaló que persisten amenazas al libre ejercicio democrático en varias regiones del país.
Preocupación por armas y territorios étnicos
Otro de los puntos críticos mencionados por la Defensoría es la ausencia de claridad sobre los protocolos relacionados con el uso y control de armas dentro de las ZUT, especialmente en zonas donde el conflicto armado sigue activo.
Además, el organismo advirtió posibles afectaciones a comunidades étnicas en territorios donde se proyecta instalar estas zonas especiales, como ocurre en Tibú.
Según la entidad, no se ha garantizado plenamente el derecho de consulta con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios.
Llamado al Gobierno
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado directo al Gobierno nacional para que motive adecuadamente sus decisiones y adopte medidas que permitan reducir los riesgos identificados antes de avanzar en la implementación de las ZUT.
“La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”, concluyó el pronunciamiento.
