El auditorio aplaudió a rabiar aquel domingo 26 de marzo de 2023 cuando el presidente Gustavo Petro anunció inversiones por 8 billones de pesos para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 33.000 kilómetros de vías terciarias, mediante contratación directa con juntas de acción comunal, comunidades étnicas y raizales y entidades sin ánimo de lucro.
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La ocasión para el anuncio fue la clausura del Asamblea Nacional Popular Comunal en la que el mandatario contagió su entusiasmo a los delegados cuando les dijo: “Estemos listos a una gran inversión pública que, en lugar de ir al gran contratista, que casi siempre termina en las cárceles por corrupción, pueda ir a las decenas de miles de acciones comunales”.
Ni los funcionarios del gobierno ni ninguno de los presentes parecía tener en cuenta que en el pasado las vías terciarias no han estado propiamente a cargo de pulpos de la contratación, sino de profesionales independientes y micro y pymes de la ingeniería, que perfectamente cabrían en la franja de la “economía popular”, de la que suele hablar el jefe del Estado.
El anunció produjo sobresaltos entre las principales agremiaciones de ingenieros y arquitectos del país. El jueves siguiente, hace más de dos años, Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Asociación Santandereana de Arquitectos, le escribió al presidente Petro una carta en la que advertía sobre los riesgos de entregar a las juntas de acción comunal, integradas por personas a lo mejor bien intencionadas pero empíricas, recursos a manos llenas para labores que alta complejidad técnica.
Le recordaba que la ley 842 de 2003, que reglamenta el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, establece que sólo los profesionales en estos campos pueden tener a cargo la construcción, el mantenimiento y la administración de carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos y alcantarillado, y en general, todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad.
Un equipo de arquitectos monitorea contratos públicos de infraestructura
El arquitecto Prada que hacía la advertencia hace parte de un equipo que a diario monitorea el desarrollo de los contratos públicos de infraestructura. Uno de sus integrantes, el también arquitecto Rodrigo Fernández, publica casi a diario en su cuenta de X hilos que ilustran sobre esguinces a la ley, maniobras propias de los “contrataderos” -como denomina a las agencias y entidades que se pasan por la faja el Estatuto de contratación.
Hoy, más de dos años después, comienza a quedar claro que la advertencia hecha al presidente tenía todo el sentido. En desarrollo de sus controles preventivos la Procuraduría y la Contraloría han encontrado que la mayoría de los proyectos puestos en manos de las juntas de acción comunal están estancados y que aquellos pocos en los que se ha invertido tiempo y dinero no superan el diez por ciento en sus avances.
Las auditorías revelan la existencia de verdaderas “piñatas” en los manejos de los recursos desembolsados por anticipados y el extravío de no menos de $200.000 millones. En la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba, tierra del presidente, hay obras siniestradas. En aquellas regiones que, como Caquetá y Huila, han hecho parte del meridiano del conflicto armado, los avances son apenas del cinco por ciento.
La infraestructura requerida para comercializar los productos campesinos y para llevar desarrollo a zonas donde campean grupos armados ilegales y la economía está determinada por el narcotráfico y la minería legal, simplemente no existe.
La contratación a dedo ha ignorado el mandato según el cual las intervenciones de los proyectos deben hacerse según la Ley 80 de 1993 y los pliegos tipo. Los “contrataderos” establecidos conspiran contra el principio de la libre concurrencia.
En octubre de 2024, la Contraloría General de la República puso ojo avizor sobre el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos, con una inversión estimada de $ 8 billones.
En un primer corte de cuentas encontró que se habían suscrito 2.157 convenios solidarios y contratos, de los cuales solo se habían terminado obras en 728 de ellos, estaban en ejecución lenta 285 convenios solidarios y suspendidos veinte.
Estaban firmados, sin iniciar ejecución, 1.124 convenios y contratos, todos con una inversión total de $ 524.778 millones. Entre las falencias detectadas estaban los avances físicos muy por debajo del cronograma establecido y el incremento en los plazos de ejecución, que a la fecha oscilan entre 7 y 12 meses (originalmente planificados de 1 a 3 meses).
También fueron detectadas dificultades en la supervisión e interventoría, debido a montos insuficientes en los convenios. Los departamentos de Boyacá, con 4, Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentaban el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentaban las prórrogas más largas.
“Estas situaciones -advierte el informe de la Contraloría- afectan a las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras; además, retrasan la debida conectividad de las zonas rurales donde se ubican, e incrementan los costos de las obras, en muchos casos disminuyendo su alcance”.
Las alertas no fueron escuchadas a tiempo.
Sin embargo el Congreso si tomó en serios las advertencias de la Contraloria y el senador caldense Guido Echeverri del movimiento En Marcha liderado por Juan Fernando Cristo, en mayo pasado citó a un debate del control político a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas quien asumió el cargo en febrero 2025 y al director del Invías, Jhon Jairo González, para responder por los retrasos en la ejecución del billonario programa Caminos Comunitarios para La Paz en la Comisión Sexta del Senado.
Sin embargo aún no se conocen correctivos y el derroche continúa.
