El balance del gobierno de Petro deja una función pública debilitada por el clientelismo, mientras los anuncios del nuevo presidente siembran temor en los empleados
Texto escrito por: Jorge Buitrago
Pasados los cuatro años del presidente Petro, se perdió una valiosa oportunidad para modernizar y democratizar la función pública laboral. El clientelismo de la paralaboralidad de los contratistas de prestación de servicios desvertebró el funcionamiento de la gestión laboral del Estado y lo hizo ineficiente e ineficaz. Práctica esta que es el común denominador en todas las entidades públicas del Estado y que ningún gobierno se ha propuesto eliminar y que, terminado el autodenominado Gobierno del Cambio, por el contrario, se elevó exponencialmente.
La otra categoría de empleados, con un porcentaje menor que el de los contratistas de prestación de servicios, pero igualmente significativa, es la de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, quienes dirigen y orientan las entidades públicas. También estuvieron al servicio del clientelismo en este gobierno saliente y no fue posible su democratización, ni entre los funcionarios de carrera administrativa ni entre la ciudadanía sin palanca. Además, fueron fuente de escándalos de corrupción, como el emblemático caso de la UNGRD.
La carrera administrativa por inercia
La carrera administrativa funcionó por inercia constitucional. Los concursos para proveer los cargos vacantes de carrera han tenido una mayor celeridad, aunque no la ideal, y son millares las personas que se han vinculado al Estado sin palanca. Desafortunadamente, los funcionarios de carrera, según cifras anteriores de la Función Pública, apenas representan el 30% del total de servidores del Estado.
Las demás categorías laborales del Estado, como los trabajadores oficiales, provisionales, temporales y de empresas públicas privatizadas, son ruedas sueltas, sin ningún control y al servicio del clientelismo.
Nubarrones sobre el horizonte laboral
Con la elección del nuevo gobierno se ciernen nubarrones grises sobre el horizonte del empleo público. Si bien es cierto que hubo un abuso irracional del gobierno saliente con la elevada contratación por prestación de servicios, los anuncios del nuevo presidente generan confusión. Él habla de eliminar 700.000 empleados públicos, confundiendo a los contratistas, que no son empleados públicos, con los empleados públicos propiamente dichos.
No hay claridad sobre cuál es la verdadera intención, porque los contratistas de prestación de servicios no se eliminan, ya que no son trabajadores vinculados laboralmente; simplemente no se les continúa el contrato. En cambio, eliminar empleados públicos de carrera demanda agotar procedimientos técnicos y legales que no se han explicado ni divulgado y que afectarían el funcionamiento de las entidades públicas sobre las cuales recaería esa eliminación de cargos.
De otra parte, se habla de la eliminación de ministerios y entidades públicas sin justificación técnica ni política y mucho menos sin la participación de sus funcionarios y organizaciones sindicales, lo que haría temer decisiones autoritarias y, por consiguiente, el debilitamiento de la carrera administrativa al suprimir miles de empleos cuyos titulares han sido vinculados mediante concurso y con un gran esfuerzo económico del Estado.
El reto de transformar en lugar de recortar
Si bien es cierto que las finanzas públicas se encuentran gravemente afectadas, se requieren políticas más imaginativas y estructurales que no impacten negativamente la función pública laboral ni la carrera administrativa. Por el contrario, medidas de reducción indiscriminada del empleo público podrían disparar nuevamente el clientelismo de los contratistas de prestación de servicios, con todas las implicaciones negativas que ello conlleva para la eficiencia del Estado, la transparencia administrativa y la democratización del empleo público.
El reto del nuevo gobierno no debe ser simplemente reducir el tamaño del Estado, sino transformarlo con criterios de mérito, eficiencia, transparencia y respeto por los principios constitucionales que rigen el empleo público.
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