La situación de los cultivos de coca en colombia ha tenido un aumento significativo, según se manifiesta en un comunicado por la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, en donde dice que hubo un incremento cercano al 15 % en los cultivos ilícitos de coca en el 2020.
El informe detalla que para el año 2019 registraron 212.000, mientras que en el 2020 fueron 245.000 y además dice
“Estas tendencias muestran la necesidad de incrementar los enfoques holísticos que combinen desarrollo económico, mayor presencia gubernamental y seguridad ciudadana, interdicción y erradicación en áreas rurales clave para reducir la producción de cocaína de manera sostenible y construir la paz en áreas afectadas por conflictos”.
Frente a lo que dice este documento, el gobierno colombiano dijo que así como hay incremento también se presentó una reducción significativa de estos cultivos, ya que se muestra que por tres años consecutivos incluido el 2020 fue del 7%, así se quedó en los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Dada esta disparidad en las cifras de la ONDCP y de la UNODC, los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas las revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición”.
Sin embargo, se pudo evidenciar que, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, dijo que este sería el incremento más alto en diez años, ya que en los años pasados las cifras estarían así:
- 2010: 100.000 hectáreas
- 2011: 83.000 hectáreas
- 2012: 78.000 hectáreas
- 2013: 80.500 hectáreas
- 2014: 112.000 hectáreas
- 2015: 159.000 hectáreas
- 2016: 188.000 hectáreas
- 2017: 209.000 hectáreas
- 2018: 208.000 hectáreas
- 2019: 212.000 hectáreas
- 2020: 245.000 hectáreas
“El gobierno del presidente Iván Duque ha fortalecido el programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos que se ejecuta hoy en 56 municipios ubicados en 14 departamentos y ha vinculado a 99.097 familias que han encontrado una alternativa de desarrollo y progreso social y económico dentro de la legalidad en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza”, añade el documento del Gobierno colombiano.
