Luis Edmundo Suárez Soto fue imputado por ocho delitos relacionados con un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en irregularidades durante el proceso de contratación para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario habría intervenido de manera indebida en la adjudicación del contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares, pese a no tener competencia funcional dentro del proceso.
Según el ente acusador, Suárez Soto habría direccionado la contratación para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que, presuntamente, no cumplía con los requisitos de experiencia técnica, capacidad jurídica ni solidez financiera exigidos para ejecutar el contrato.
La Fiscalía sostiene que el entonces viceministro impulsó que la contratación se realizara mediante la modalidad de selección directa reservada y participó en reuniones de estructuración del proceso con el propósito de flexibilizar las condiciones exigidas al contratista.
Asimismo, habría mantenido comunicación directa con representantes de la empresa favorecida y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil para agilizar un trámite considerado esencial para la ejecución del contrato.
La investigación también señala que el exfuncionario conocía conceptos técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista. A pesar de ello, presuntamente ordenó que un funcionario específico realizara la evaluación financiera, actuación que hoy hace parte del expediente que sustenta la imputación.
Uno de los principales hallazgos del proceso tiene relación con la modificación de la forma de pago del contrato. Según la Fiscalía, esta decisión permitió autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor contratado.
En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque para esa fecha solo se habían ejecutado actividades valoradas en aproximadamente 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, aún permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares, de acuerdo con el ente investigador.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Suárez Soto los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Durante la audiencia ante un juez de control de garantías, el exviceministro no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
