En horas de la mañana la fiscalía manifestó mediante un acuerdo que la reunión realizada en Popayán no fue fructífera con los indígenas pues ellos pretendían hacer firmar un acuerdo que se define como ilegal.
Esta reunión se dio con el fin de establecer unos objetivos y un seguimiento un a los casos que se han presentado de judicializaciones de miembros de la comunidad indígena, que fueron realizadas por ese órgano de control, en el marco de los actos violentos presentados al margen del llamado Paro Nacional.
Asimismo, se conoció que esta reunión fue propuesta por los líderes de la minga que habrían convocado a la Fiscalía el cual considera que este acuerdo presentado en la mesa era “a todas luces ilegal e inconstitucional donde se creaban mecanismos paralelos que suplantaban el ordenamiento penal y hacían declinar la función investigadora de la Fiscalía General de la Nación”.
Por lo anterior, delegados de la Fiscalía se retiraron del espacio advirtiendo que la eventual firma de ese documento representaba la negociación de la Ley y la Constitución.
En el comunicado, la Fiscalía se declaró respetuoso de la protesta social, reconociendo que este es un derecho fundamental establecido en la Constitución, aduciendo que, pese a ello, reconocen que dichas manifestaciones tienen un límite, representado en la comisión de delitos.
