No valieron las alertas lanzadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). En julio de 2023, la Agencia Nacional de Tierras compró por más de $5.2000 millones la finca El Paraíso en inmediaciones en el Parque Natural Regional Cerro Páramo Miraflores, en el Huila, para ubicar más tarde allí a miembros de una comunidad indígena proveniente del departamento del Cauca.
Ni el director de la Agencia, Juan Felipe Harman, ni su representante en Neiva, Lester Garrido, prestaron atención a Deyci Martina Cabrera Ochoa, subdirectora de Gestión Ambiental de la CAM, cuando les advirtió que el 58,43 por ciento del predio incluía terrenos de un ecosistema ambiental protegido que por ley tenía la calidad de “inalienable, imprescriptible e inembargable”
La tierra fue parcelada sin rigor técnico porque no fueron excluidos humedales con gran capacidad para gestionar altos volúmenes de agua, lo que ponía en peligro su funcionalidad ecológica y su viabilidad para el uso agrícola asignado.
El gobierno pagó un 70% más de valor comercial de la hectárea
La vulneración de las normas ambientales era la más grave de las anomalías, pero no la única. Según se observa en los registros catastrales el precio de la tierra fue inflado: por cada una de sus 220 hectáreas el Estado pagó casi $24 millones, más del 70 por ciento del valor promedio establecido por el mercado para predios similares ubicados, claro está, en áreas no protegidas.
¿Había una suerte de cartel detrás de la operación, que no solo se pasaba por encima de las normas ambientales y de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la región y aparte especulaba con los precios de la tierra? La respuesta podría ser afirmativa si se tiene en cuenta que pasó lo mismo en otras áreas protegidas.
Recientemente, el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) Camilo Agudelo quien está en el cargo desde el 2019, preguntó angustiado ante la Comisión Quinta de la Cámara: “Señores de la Agencia Nacional de Tierras, tienen 418.000 hectáreas en el Huila que son óptimas para el desarrollo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. ¿Por qué tienen que ir a los parques naturales?”.
Ya en marzo de 2024, cuando la reforma agraria del gobierno parecía desconocer los límites de los parques naturales y de las áreas forestales, Agudelo le había escrito a Hartman para explicarle que el Huila contaba con cerca de 598.445,46 hectáreas de áreas, lo que representa un 32,38% de la superficie del departamento, el único del país comprende áreas del orden nacional con cinco Parques Nacionales Naturales (PNN) y seis Parques Naturales Regionales.
La finca El Paraíso, loteada a espaldas de la autoridad ambiental, se encuentra en el Cerro Páramos de Miraflores “Rigoberto Urriago”, que hace parte de un tesoro ambiental al lado del Corredor Biológico Guacharos Puracé, Serranía de Minas, Siberia – Ceibas, El Dorado y Páramo Las Oseras y de cuatro Distritos Regionales de Manejo Integrado: La Tatacoa, Serranía de Peñas Blancas, Cerro Banderas – Ojo Blanco y Serranía de Minas.
El director de la Corporación Autónoma regional del Magdalena le explicó a Las2Orillas que en zonas circundantes de estas áreas protegidas por la entidad a su cargo han avanzado peligrosamente procesos de adjudicación de predios y de formalización de la propiedad, sin que las autoridades nacionales consulten o tengan en cuenta la opinión y la autoridad de los entes territoriales.
El silencio la Agencia de Tierras en cabeza de Harman y otros entes del Estado central ha tenido que ser roto a punta de tutelas y acciones de desacato. Incluso la Corporación, de la mano con la Procuraduría, acaba de presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila una acción popular, un instrumento de emergencia proteger los bienes públicos que están en riesgo.
“No tengo nada contra la reforma agraria ni contra presencia de indígenas o campesinos venidos de otros departamentos, pero sí reclamo que se concentren en espacios sostenibles para las actividades productivas que vayan a emprender”, le dijo Agudelo a Las2Orillas.
Su acción popular, emprendida en conjunto, con el Ministerio Público, pretende especialmente que la Agencia Nacional de Tierras sea declarada responsable por violación de los derechos colectivos a un medio ambiente sano; la moralidad administrativa; la utilización y defensa de los bienes de uso público, la existencia del equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible; la defensa del patrimonio público; la seguridad y salubridad públicas; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Foto: Portal Pueblos en camino
También pretende que la aprobación y expedición del acto administrativo para reconocer derechos en favor del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá-Pueblo Nasa, mientras incluya el predio El Paraíso, ubicado en la vereda La Pradera del Municipio de Gigante. Su clamor se dirige a que el predio se destine a estrictas labores de restauración y protección y conservación, tal como está establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Gigante.
Un fallo para romper el silencio
Tras advertir que su posición no es todavía oficial, fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según el cual aseguraron que existe un régimen especial según el cual la declaratoria de un parque nacional es compatible la declaratoria de una reserva indígena. Todas a una, las corporaciones autónomas regionales han dicho que el argumento es falaz porque la ley se refiere a reservas indígenas con arraigo histórico en un territorio y no a una creada de facto o artificialmente como se pretendería en algunas áreas protegidas.
La Agencia de Tierras asegura que la CAR del Ato Magdalena viabilizó la adquisición de predios. “No es cierto, nos están echando el agua sucia”, dijo el director de la entidad aludida durante el debate en la Comisión Quinta de la Cámara.
Ante la ausencia de una respuesta oficial, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y medidas de seguridad de Neiva, mediante sentencia del 2 de mayo de 2025, tuteló el derecho fundamental de petición de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Como transcurrieron las 48 horas dispuestas por el juez para que la ANT respondiera y no lo hizo, quedó en trámite una acción de desacato.
¿Hay una trastienda política en el manejo dado a la reforma, como lo refleja el caso que ha servido de ejemplo? En opinión de analistas como Aurelio Suárez Montoya, columnista de Semana, la presencia de Lester Garrido,director de la ANT para el Huila, corresponde al pago de una cuota política reservada por el presidente Gustavo Petro al empresario del transporte Armando Cuéllar, suegro de Garrido.
En su jurisdicción sean producido otras compras de predios que seguramente merecerán la atención de los órganos de control. Uno de ellos es Las Mañanitas, del municipio de Garzón, que en 2006 valía $250.000 y recientemente fue comprado por la ANT en $1.006.955.425.
En algunos casos las advertencias de la autoridad regional ambiental han ido directo al Ministerio de Ambiente, sin mejores resultados que los obtenidos hasta ahora. Ocurrió cuando la ANT puso a andar un procedimiento administrativo de ampliación del Resguardo Indígena Kokonuco y Yanacona de Paletará, sobre dos predios del Fondo Nacional Agrario en el municipio de Puracé (Cauca) y un globo de terrenos de posesión ancestral localizado en los municipios de Puracé (Cauca), Isnos, La Argentina, Saladoblanco y San Agustín (Huila), con el fin de elaborar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras.
La CAM advirtió entonces que la totalidad del área correspondiente a este ecosistema se encuentra incluida dentro de los límites del Parque Nacional Natural Puracé.
