La Superfinanciera, dirigida por César Ferrari, multó a Credicorp Capital Fiduciaria con $8.870 millones para reparar ahorradores que P&P Constructora les incumplió
En Cali una estructura gris e inconclusa sigue recordando el fracaso del edificio Mizu Estilo Natural. El proyecto fue presentado como una apuesta moderna para la ciudad se promocionó como un proyecto de apartamentos en un entorno natural rodeado de aire puro, zonas sociales exclusivas y alta valorización. En redes sociales con un mensaje optimista: “El mejor proyecto para vivir en medio de la tranquilidad”. Las imágenes mostraban familias disfrutando de amplias zonas comunes y apartamentos terminados que nunca llegaron a entregarse.
Detrás de la iniciativa estaba P&P Constructora Urbano S.A.S., una empresa creada en Cali en 2011 y dedicada principalmente al desarrollo de proyectos residenciales. Durante varios meses la obra avanzó sin mayores contratiempos y logró captar compradores e inversionistas interesados en adquirir vivienda en el complejo.
Sin embargo, la situación cambió cuando la construcción alcanzó cerca del 50 % de ejecución. La compañía comenzó a enfrentar problemas de viabilidad financiera y jurídica que terminaron afectando el desarrollo del proyecto. Con el paso del tiempo, las obras se paralizaron y los compradores quedaron sin respuestas claras sobre el futuro de sus inversiones.
Sin embargo, la situación cambió cuando la construcción alcanzó cerca del 50 % de ejecución. La compañía comenzó a enfrentar problemas de viabilidad financiera y jurídica que terminaron afectando el desarrollo del proyecto. Con el paso del tiempo, las obras se paralizaron y los compradores quedaron sin respuestas claras sobre el futuro de sus inversiones.
La constructora, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, dejó a decenas de afectados intentando recuperar los recursos aportados. Ante la falta de soluciones, los inversionistas decidieron organizarse e iniciar acciones legales para reclamar sus derechos.
La representación jurídica del grupo estuvo a cargo del bufete Orjuela Cortés Abogados. Durante el proceso, los abogados argumentaron que existieron fallas tanto en el manejo de la constructora como en la supervisión del proyecto por parte de la fiduciaria encargada de administrar los recursos.
La fiducia estaba en manos de Credicorp Capital Fiduciaria. Esta forma parte del grupo Romero del Perú que tiene una importante presencia en Colombia como puede leerse en esta nota.
La entidad financiera sostuvo que no era responsable por el éxito o fracaso comercial de la construcción y defendió que sus obligaciones se limitaban a funciones específicas dentro de la administración fiduciaria.
No obstante, los representantes de los afectados consideraron insuficientes esas explicaciones. Según su tesis, la fiduciaria tenía responsabilidades relacionadas con el análisis, control y gestión de los riesgos asociados al proyecto, aspectos que habrían sido determinantes en el desenlace de la obra.
La controversia llegó a la Superintendencia Financiera, en cabeza de César Ferrari, que revisó los argumentos de ambas partes. Tras analizar el expediente, la entidad concluyó en primera instancia que la fiduciaria sí tendría responsabilidad frente a los compradores afectados por la paralización de Mizu.
La decisión establece que deberán reconocerse cerca de 8.870 millones de pesos, correspondientes a los aportes realizados por quienes invirtieron en el proyecto. Sin embargo, la sanción aún puede ser objeto de recursos por parte de la entidad fiduciaria y Credicorp Capital la apelará. El lio le tocará afrontar al nuevo presidente de la fiduciaria, Cristian Cruz quien asume el cargo el próximo 1 de julio tras reemplazar a Ernesto Villamizar quien ocupó el cargo durante 15 años y a quien le estalló el problema en Cali.
El caso se suma a otras decisiones recientes de la Superintendencia Financiera contra fiduciarias vinculadas a proyectos inmobiliarios inconclusos, entre ellas sanciones relacionadas con desarrollos urbanísticos en Atlántico y Antioquia. Mientras avanzan los recursos legales, la estructura abandonada de Sky Condominio continúa siendo el símbolo visible de una promesa que nunca se cumplió.
El fallo de César Ferrari tiene especial importancia porque establece las responsabilidades de las fiduciarias con los compradores de vivienda que muchas veces han terminado perjudicados en el pasado por el manejo de los recursos ahorrados en las entidades financieras que respaldan los proyectos.
