El día de hoy se ha generado una polémica con la multinacional de Rappi, que es una compañía colombiana que actúa como plataforma de intermediación entre varios tipos de usuarios.
La polémica radica en que la empresa ha realizado la compra de 4.000 vacunas contra el Covid-19 para para inmunizar a los trabajadores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pero estas sólo serán aplicadas a los que trabajen más y sean eficientes.
Es por eso que Gustavo Alberto Echeverry Pérez, fiscal nacional de la Unidapp, explicó en Sigue La W “desde el movimiento y como trabajadores activos de la plataforma podemos dar fe de lo que realmente sucede. Hacemos la denuncia pública con el fin de rechazar los criterios de productividad. El Ministerio de Salud establece que debe existir una prioridad en la aplicación de la vacuna sin excluir”.
Además explico también que “Son muchas las personas que están activas en el proceso. Estas representan el 5% de sus trabajadores. Hoy en día somos como un algoritmo. Son personas que durante años han venido trabajando con Rappi, no puede ser que quien trabaje más tenga más probabilidad a ser vacunados. La idea y lo lógico es que pudiesen vacunar al 100% de sus empleados”.
Por otro lado, otro de los argumentos que presentó Echeverry fue: “al Gobierno le quedó grande el proceso de vacunación para toda la población colombiana. Si se va a ser, se necesita hacerlo en su totalidad. No rechazo la iniciativa que tiene la empresa. Deben existir parámetros. Tenemos personas que llevan años trabajando en Rappi y hoy en día se encuentran inhabilitados”.
Siendo así las cosas, entonces solo tendrían derechos vacunarse los repartidores que hayan trabajado de largo y hayan relazado mayor numero de pedidos.
