El Ejército Nacional aseguró que la terminación de las comisiones temporales de 13 oficiales que prestaban servicio en la Justicia Penal Militar y Policial obedeció a necesidades institucionales y operativas, y no a decisiones “arbitrarias, discrecionales o caprichosas”.
La aclaración se conoció luego de las denuncias relacionadas con la salida de los uniformados y la divulgación de un documento firmado por el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.
En el oficio, fechado el 20 de mayo de 2026 y dirigido a la directora de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, se solicita finalizar las comisiones de los oficiales superiores que se encontraban asignados a esa jurisdicción para que retornaran a la institución.
Ejército explicó las razones del retorno de los oficiales
De acuerdo con la institución, la decisión fue adoptada dentro de los procedimientos de administración del talento humano y respondió a los requerimientos prioritarios de la Fuerza.
El Ejército señaló que el regreso de los oficiales busca fortalecer sus capacidades institucionales, atender necesidades operacionales y administrativas, y garantizar la disponibilidad de personal para el cumplimiento de sus misiones.
Según la comunicación oficial, los uniformados retornarán a funciones propias del Ejército, especialmente en cargos y actividades del componente administrativo, donde su experiencia y trayectoria serían requeridas.
La institución descarta afectaciones en la Justicia Penal Militar
Ante los cuestionamientos sobre una posible afectación a los procesos judiciales que estaban bajo responsabilidad de los oficiales retirados de sus comisiones, el Ejército afirmó que la medida no altera el funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
La institución indicó que se trata de un “movimiento administrativo relacionado con la gestión del personal” y reiteró que la decisión está amparada en sus facultades para reorganizar el talento humano de acuerdo con las necesidades del servicio.
La salida de los 13 oficiales generó inquietudes debido a la experiencia acumulada por algunos de ellos dentro de la jurisdicción penal militar y a su participación en diferentes procesos. Sin embargo, el Ejército insistió en que la medida corresponde a una reorganización interna orientada a atender prioridades institucionales.
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