En Colombia, los ingresos a salas de urgencia debido a intoxicaciones por “polvo rosado” o tusi han aumentado en los últimos años, según testimonios de primera mano. Esta droga también se conoce como 2-CB o cocaína rosada, pero sus componentes y efectos son diferentes de los de la cocaína. El mayor riesgo radica en la desinformación en torno a ella.
El consumo de tusi en el país se documentó por primera vez en 2012, inicialmente disponible en clubes nocturnos exclusivos. Inicialmente, fue asociado con “la droga de las modelos y reinas”. Sin embargo, en 2023, se ha vuelto más accesible y se ha relacionado con la industria musical.
Julián Quintero, sociólogo e investigador, señala que la confusión en torno al tusi proviene del gobierno, que en su intento de dar nombres a delincuentes, bandas y drogas, ha contribuido a popularizar y promocionar una sustancia que difiere en composición. Se considera un error por parte de la fuerza pública haber denominado a esta sustancia como “cocaína rosada”.
El “tusi” es una mezcla que no consiste en una molécula específica, sino en una combinación de ketamina, estimulantes como cafeína y MDMA, y edulcorantes que le dan su color característico. La principal amenaza reside en su falta de dosificación, calidad y estándares, ya que cualquiera puede crearla. Grupos criminales y aficionados tienen la capacidad de fabricarla, lo que hace que su consumo sea impredecible. Las mezclas a menudo incluyen opioides, benzodiacepinas e incluso fentanilo farmacéutico, que mezclado con alcohol puede ser letal.
Los efectos del tusi varían según las sustancias presentes. Pueden abarcar desde somnolencia y liberación de serotonina, dopamina y noradrenalina hasta riesgos más graves como cardio toxicidad y hepatotoxicidad, dependiendo de la dosis. También pueden surgir problemas cognitivos y episodios psicóticos.
A pesar de que se conoce en Colombia desde 2012, el gobierno ha sido lento en investigar a fondo esta sustancia. No hay datos estadísticos en estudios epidemiológicos sobre su comportamiento en los últimos 10 años. Organizaciones no gubernamentales como la Corporación Acción Técnica Social y Échele Cabeza están investigando y proporcionando información para reducir los daños potenciales a la salud pública en Colombia.
