En las horas de ayer en la tarde se dio a conocer la noticia de la captura que realizó la Fiscalía General de la Nación a 16 presuntos integrantes de dos redes que estarían apoyando las disidencias de las FARC, en el frente decimo en el departamento de Arauca.
Las autoridades competentes, tras recaudar suficientes pruebas, en las cuales se evidenciaba que varios de los detenidito hacían valer sus roles como funcionarios para conseguir todo lo que las disidencias necesitaban como dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal, entre otros.
Los investigadores también detallaron que los funcionarios públicos, sacaban provecho de los dineros del estado, otorgando varios contratos a integrantes o auxiliadores de estos grupos paramilitares.
Antes los hechos, estos mismos funcionarios tenían la plena facultad de mantener al tanto a los cabecillas de estos grupos de las licitaciones de obras publicas o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, esto para que le exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.
Las operaciones para dar con las personas implicadas se realizaron en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul, Arauca y en Bogotá, asimismo, fueron incautados documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.
La Fiscalía señaló que entre los detenidos se encuentra un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales, un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas.
Ante esto, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputo los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a una de las enfermeras que fue capturada, se le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.
La juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), impuso medida de aseguramiento a los procesados y ordenó su envió a la cárcel.
“No es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza y el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia. Del mismo modo, no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, agregó el fiscal general, Francisco Barbosa.
