El caso del joven Anthony González Alvear, fallecido el pasado viernes 17 de abril tras un incidente en las inmediaciones del club Karibana, entra en una nueva etapa de controversia. Nuevas versiones sugieren que las denuncias públicas y la presión mediática contra la empresa de seguridad Zimo podrían tener un trasfondo distinto al de la búsqueda de justicia.
Cuestionamientos al Inspector Martín Arce
Fuertes señalamientos apuntan directamente a Martín Arce, actual Inspector de Policía de Punta Canoa, como la figura que estaría detrás de una campaña de desprestigio dirigida específicamente contra la firma de seguridad Zimo.
Según estas versiones, Arce estaría aprovechando su investidura y su estrecha cercanía familiar con la víctima —de quien es tío— para orquestar los ataques contra la empresa.
El enfoque de esta denuncia indica que la “bulla” generada en redes sociales y medios locales no busca únicamente el esclarecimiento de los hechos, sino que respondería a un interés económico.
Se afirma que el Inspector estaría utilizando la tragedia para presionar una negociación monetaria que, al no haberse concretado aún, ha derivado en un aumento de la hostilidad mediática contra la compañía encargada de la vigilancia del sector.
Las motivaciones bajo la lupa
Quienes sostienen esta versión argumentan que Arce está instrumentalizando el dolor de su familia para forzar un acuerdo económico con la empresa Zimo. Los señalamientos incluyen:
-Uso de la influencia familiar: Se le acusa de aprovechar su rol como tío del fallecido para validar una narrativa que dañe la reputación de la empresa ante la opinión pública.
-Interés en el recaudo: La campaña de descrédito se interpreta como una herramienta de coacción para obtener una compensación financiera o “plata” que, según los informes, es el objetivo real detrás de las movilizaciones.
-Pasado bajo cuestionamiento: En el marco de esta controversia, se ha recordado que hace tres años ocurrió otro fallecimiento en Punta Canoa en circunstancias que involucrarían al hoy Inspector, buscando así restarle autoridad moral a su actual reclamo.
Presión a través de plataformas digitales
La estrategia de desprestigio también apuntaría al uso de la página “Punta Canoa Bolívar Infórmate”, desde donde se han lanzado acusaciones frontales contra el supervisor de seguridad Juan Carlos Lombana y la empresa Zimo.
Se sugiere que esta plataforma está siendo alimentada bajo la línea trazada por el Inspector para asegurar que la presión contra la empresa no disminuya hasta que se logre un beneficio pecuniario.
Un caso dividido
Mientras la familia de Anthony insiste en que el joven fue víctima de un uso desproporcionado de la fuerza cuando solo recogía bolas de golf, estas nuevas acusaciones contra el Inspector Arce añaden una capa de complejidad al proceso.
De confirmarse que los ataques contra la empresa de seguridad responden a un intento de lucro personal por parte del funcionario, el caso podría dar un vuelco jurídico significativo. Por ahora, mientras el corregimiento de Punta Canoa continúa en tensión, las autoridades competentes deberán discernir entre el legítimo reclamo de justicia y las presuntas maniobras de presión económica que hoy empañan la investigación.
