La democracia en Colombia se enfrenta a un desafío crucial en estos tiempos: la amenaza a la separación de poderes. Este principio fundamental de nuestra estructura política está siendo puesta a prueba, y uno de los ejemplos más claros es la reciente imputación de cargos a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntas irregularidades en la contratación de pasaportes. Este incidente, lejos de ser un caso aislado, refleja un esfuerzo por erosionar la autonomía de las instituciones clave para el proceso democrático, y Juan Manuel Galán ha sido uno de los más firmes defensores de la posición de la Registraduría frente a este embate.
La amenaza a la autonomía de la Registraduría
La Registraduría Nacional, como entidad autónoma encargada de garantizar la transparencia en los procesos electorales, juega un papel fundamental en la democracia colombiana. Su independencia es crucial para la legitimidad del sistema electoral. Sin embargo, las imputaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a funcionarios de esta entidad, en un contexto tan cercano a las elecciones de 2026, generan una creciente preocupación por la posible manipulación política del proceso electoral. El momento y la forma en que se llevan a cabo estas investigaciones despiertan dudas sobre si realmente se trata de un proceso legítimo o si se está intentando socavar la confianza en la Registraduría.
La relación entre la SIC y el Ejecutivo
Uno de los aspectos más críticos en este caso es la relación de la SIC con el Ejecutivo. Dado que la Superintendencia está adscrita al Ministerio de Comercio, una entidad bajo el control directo del presidente de la República, la posibilidad de un conflicto de intereses se vuelve inminente. El uso de un organismo del Estado con facultades delegadas por el presidente para investigar a una entidad autónoma como la Registraduría pone en riesgo la separación de poderes. Esta concentración de poder en manos del Ejecutivo podría tener consecuencias graves para la estabilidad democrática, y Juan Manuel Galán ha sido claro al señalar que no se puede permitir que el gobierno utilice sus instituciones para presionar o desestabilizar a los órganos encargados de la organización electoral.
El papel crucial de la Procuraduría y la sociedad civil
Frente a este panorama, el rol de la Procuraduría General de la Nación se torna indispensable. La procuradora Margarita Cabello ha advertido sobre los peligros que representa la vulneración de la separación de poderes, y es esencial que la Procuraduría actúe con transparencia y firmeza para garantizar que las investigaciones no respondan a intereses políticos. El fortalecimiento de la institucionalidad electoral pasa, indudablemente, por la protección de la autonomía de la Registraduría, y es responsabilidad de la sociedad civil estar alerta, exigir transparencia y promover la cooperación entre las distintas ramas del poder.
La necesidad de fortalecer la democracia
La defensa de la separación de poderes no solo es una cuestión técnica, sino una cuestión de principios democráticos. La democracia se ve amenazada cuando el equilibrio entre las ramas del poder es quebrantado, y la institucionalidad electoral está en riesgo cuando se intenta concentrar el poder en una sola entidad. La Registraduría, como garante de la transparencia electoral, debe mantenerse libre de presiones políticas y asegurar que los procesos electorales sean justos y legítimos.
Conclusión: Un llamado a la acción
Los ataques a la independencia de la Registraduría deben ser analizados con gran atención. La sociedad colombiana, las instituciones y los líderes como Juan Manuel Galán tienen la responsabilidad de defender la autonomía de nuestras instituciones y garantizar que los valores democráticos sigan siendo el pilar de nuestra nación. Es momento de actuar con determinación para asegurar que el sistema electoral de Colombia permanezca libre de manipulaciones y que el equilibrio de poderes se preserve en favor de una democracia fuerte y estable.
