El presidente Gustavo Petro lanza ataques directos contra sectores uribistas en un giro autoritario
El presidente Gustavo Petro ha entrado en una nueva fase de confrontación abierta con sus opositores, en especial con aquellos identificados con el uribismo. Sus más recientes declaraciones públicas, como la publicada el 11 de abril de 2024 desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), han encendido alarmas sobre una deriva autoritaria similar a la aplicada durante años por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En su publicación, Petro afirmó que los responsables del despojo al Estado serían retirados y que las tierras y bienes ocupados por sectores vinculados a gobiernos anteriores debían ser devueltos. El mensaje, revestido de un discurso legalista, es en realidad una amenaza directa de desalojo y castigo arbitrario, sin el debido proceso ni la garantía judicial previa.
La narrativa del “enemigo interno”: una estrategia conocida en regímenes autoritarios
Uno de los primeros pasos en cualquier estrategia autoritaria es construir la figura del enemigo interno. En el caso de Petro, este enemigo tiene nombre propio: los uribistas, los sectores empresariales que no se alinean con su discurso, las ONGs independientes, y todo aquel que cuestione su gobierno.
Tal como lo hizo Maduro en Venezuela, Petro recurre a una retórica que mezcla justicia social con retaliación política. Bajo la excusa de recuperar lo público, se adelantan procesos de despojo disfrazados de política de restitución, eliminando garantías básicas como:
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Debido proceso.
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Presunción de inocencia.
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Independencia judicial.
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Protección al derecho de propiedad.
Desalojos arbitrarios como herramienta de poder: el caso de El Ubérrimo
Uno de los blancos más claros de esta narrativa ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus bienes. Aunque no se menciona directamente en cada intervención, las referencias constantes a tierras “arrebatadas al Estado” en zonas como Córdoba o Antioquia buscan justificar una ofensiva legal y mediática contra quienes han sido opositores ideológicos y electorales del actual mandatario.
Las declaraciones de Petro, sin pasar por los canales judiciales adecuados, parecen preanunciar expropiaciones camufladas, dirigidas más por venganza que por equidad. En palabras de juristas críticos, esto no es política de tierras, es revanchismo con ropaje institucional.
La expropiación disfrazada de reforma: un modelo que ya vimos en Venezuela
Durante años, el régimen de Nicolás Maduro utilizó la retórica de la reforma agraria y la justicia social para justificar la toma de fincas, empresas y propiedades privadas. En muchos casos, las tierras fueron redistribuidas sin planificación, sin legalidad, y sin generar mejoras para las comunidades.
El resultado fue catastrófico: caída de la producción agrícola, deterioro institucional, desinversión nacional y extranjera, y una crisis humanitaria sin precedentes.
Hoy, en Colombia, los anuncios presidenciales de Gustavo Petro apuntan a una dirección similar. La amenaza no está solo en las palabras. Hay acciones concretas, como:
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Desalojos de funcionarios en edificios institucionales.
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Reasignación de bienes sin fallo judicial.
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Creación de narrativas mediáticas para justificar acciones de hecho.
Petro vs. la ley: cuando el poder ignora los límites constitucionales
Colombia es un Estado de derecho. Las decisiones sobre propiedad, restitución o desalojo deben pasar por procesos judiciales transparentes, con participación de las partes y garantías procesales claras. Sin embargo, en el gobierno de Petro, se están aplicando acciones ejecutivas que bypassean las cortes, impulsadas desde el poder presidencial y respaldadas por discursos ideológicos.
Estas prácticas ponen en riesgo pilares fundamentales del orden jurídico:
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El principio de legalidad en la administración pública.
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La seguridad jurídica sobre bienes adquiridos legalmente.
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La autonomía de las ramas del poder público.
Si bien el presidente tiene la facultad de impulsar políticas públicas, no puede usurpar funciones judiciales ni administrativas ajenas, ni justificar atropellos bajo la bandera de la transformación.
Silencio institucional ante la persecución política
Otro elemento que recuerda al caso venezolano es el silencio o la complacencia de entidades que deberían ejercer control. Ni la Procuraduría, ni el Congreso, ni la Defensoría del Pueblo han emitido alertas claras frente a estas señales de persecución estatal.
La Fiscalía General de la Nación, hoy enfrentada al presidente por otras causas, tampoco ha actuado con contundencia frente a los posibles excesos del Ejecutivo. Esto ha generado un clima de impunidad presidencial, donde la palabra del mandatario parece bastar para justificar medidas extraordinarias contra sectores adversos.
¿Estamos ante una limpieza ideológica disfrazada de reforma?
Más allá del lenguaje técnico o institucional, lo que está ocurriendo en Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro se asemeja peligrosamente a una limpieza ideológica en el aparato del Estado y en la propiedad privada. Los discursos recientes, los desalojos, las amenazas veladas y los cambios normativos en curso construyen un modelo donde la disidencia es sancionada, no debatida.
Esto genera un efecto dominó:
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Empresarios temen invertir por miedo a perder sus bienes.
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Funcionarios se autocensuran para conservar sus cargos.
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Periodistas independientes enfrentan presiones para no cubrir estos temas.
La democracia se debilita cuando el Estado usa sus mecanismos para perseguir, silenciar o desplazar a quienes piensan distinto.
La promesa del cambio convertida en amenaza
Petro llegó al poder con un discurso de cambio. Prometió justicia social, fin del clientelismo y más oportunidades para todos. Sin embargo, el cambio no puede significar persecución, revanchismo ni autoritarismo encubierto. Cada acción que vulnera derechos básicos en nombre de una supuesta reparación histórica nos aleja de la justicia y nos acerca al totalitarismo.
La sociedad civil, los medios y los órganos de control deben estar atentos. Lo que hoy se hace contra un sector político, mañana puede extenderse a otros. Y cuando el Estado se convierte en juez y parte, la democracia pierde su esencia.
