Los programas de ciudadanía por inversión se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por individuos con alto poder adquisitivo que buscan ampliar sus oportunidades globales. A través de estos mecanismos, los solicitantes pueden obtener una segunda nacionalidad al realizar contribuciones financieras relevantes en el país elegido, ya sea mediante inversiones en bienes raíces, donaciones o aportes a fondos de desarrollo nacional.
Cada nación establece sus propios requisitos y montos mínimos, que pueden variar significativamente según el destino. En general, los gobiernos implementan estos programas con el objetivo de atraer capital extranjero, impulsar el desarrollo económico y diversificar sus fuentes de ingresos, al tiempo que ofrecen ventajas a los nuevos ciudadanos.
De acuerdo con datos de la firma Henley & Partners, existen al menos 13 países con programas activos de ciudadanía por inversión. El análisis de estas iniciativas muestra diferencias notables en las contribuciones requeridas y los beneficios asociados. No obstante, la lista no abarca la totalidad de los países que mantienen esquemas similares o en proceso de aprobación.
Los programas de mayor exigencia económica se concentran en Europa. Malta, Montenegro y Austria figuran entre los destinos más costosos, con contribuciones que rondan o superan los US$500.000.
En particular, Austria solicita aportes sustanciales que, en algunos casos, ascienden a varios millones. Estos montos reflejan el valor estratégico de una ciudadanía europea, que ofrece acceso sin visado a numerosos países, estabilidad política y beneficios económicos.
De hecho, en 2025, el pasaporte austriaco fue clasificado como el cuarto más poderoso del mundo, consolidando su atractivo entre los solicitantes de alto nivel patrimonial.
En el grupo de opciones más económicas destaca Nauru, con un aporte mínimo estimado en US$130.000. Aunque su pasaporte permite el ingreso sin visa o con visado a la llegada a alrededor de 90 destinos, sus ventajas de movilidad son menores en comparación con las de países del Caribe o de Europa. Pese a ello, sigue siendo un punto de interés por su menor barrera de entrada.
Entre los programas caribeños más reconocidos se encuentran los de Dominica, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. Las inversiones necesarias para acceder a estos oscilan entre US$200.000 y US$240.000. Su popularidad radica en la relación costo-beneficio y en la flexibilidad que ofrecen para incluir a familiares dentro de la solicitud.
En el caso de Dominica, los ciudadanos pueden viajar sin visa a más de 140 destinos, y el programa permite la inclusión de cónyuges, hijos solteros menores de 31 años y padres o abuelos mayores de 65 años.
En el rango medio de inversión aparecen países como Turquía, Granada y Egipto, con montos requeridos entre US$235.000 y US$400.000. El programa turco, lanzado en 2017, ha ganado relevancia por sus múltiples alternativas: compra de bienes raíces valorados en al menos US$400.000, depósito de medio millón de dólares en una cuenta bancaria o la creación de empleo para 50 trabajadores. Estas opciones lo posicionan como uno de los más versátiles de la región euroasiática.
