En las últimas semanas los cultivos ilícitos se han convertido en otro de los dolores de cabeza del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por esta razón es que el Gobierno abrió un proceso de licitación con el fin de buscar erradicadores manuales para 11 de las zonas con más alta presencia de cultivos ilícitos en el país.
Hasta el momento, siete empresas han manifestado su intención de tener el contrato con el Gobierno que es de más de $56.000 millones. De igual manera, se dio a conocer que la contratación entre ambas partes se haría bajo la modalidad de selección abreviada.
Recientemente también el presidente Petro dio la orden de retomar las fumigaciones aéreas para zonas de presencia de cultivos ilícitos. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, detalló el mandatario. Cabe señalar que esta medida había sido suspendida hace más de una década por la Corte Constitucional.
De acuerdo con el último informe Mundial de Drogas, en el mundo hay 376.000 hectáreas sembradas. De esas, 253.000 hectáreas son colombianas, lo que quiere decir que en el país se encuentra aproximadamente 67% de los cultivos ilícitos que hay en el mundo.
El año pasado se alcanzaron a eliminar 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y para los primeros cinco meses de este año la cifra iba en apenas 1.800 hectáreas, cuando la meta inicial era de 30.000 hectáreas.
Se estima que se logren erradicar por lo menos 88.289 hectáreas de coca en regiones como lo son Caucasia, Cúcuta, Puerto Boyacá, Aguachica, Larandia – Villagarzón, Buenaventura, Popayán, Tumaco – Chachaguí, Condoto, San José, Cumaribo, entre otras.
El contrato
Del total de $56.000 millones del contrato, $29.000 millones saldrían de las vigencias presupuestales actuales, mientras que para 2026 se destinarían vigencias futuras por un valor cercano a $27.000 millones.
El Gobierno, por medio de la Policía Antinarcóticos, señaló que pagará $7,65 millones por hectárea erradicada al contratista que logre certificar siguiendo las condiciones pactadas. De igual manera, las autoridades buscarían que haya 38 grupos o más distribuidos en las zonas que se establezcan en el país.
La idea es que cada Grupo Móvil de Erradicadores, GME, pueda erradicar durante un día 2,1 hectáreas. Estos GME estarían conformados por 21 personas, las cuales serías un jefe zonal, un capataz, un enfermero y 18 erradicadores.
Los erradicadores de cultivos llegarían a recibir un pago que sería cercano a $3 millones con prestaciones de ley, además como experiencia deber demostrar tener relación con actividades agrícolas.
Debido al alto riesgo que correrían los erradicadores, antes que inicien labores personas de la fuerza pública asegurarían la zona y permitirían el ingreso del GME en condiciones óptimas para trabajar. De igual manera, el comandante de la fuerza pública será quien establezca los cultivos que se deberán intervenir a diario.
También se establece que la empresa que consiga la licitación deberá suscribir una póliza de seguros donde se ampare a los integrantes de las GME por $50 millones, de igual forma deberán comprometerse a cubrir eventuales gastos funerarios de los trabajadores.
“El contratista debe tener claridad de que se pueden presentar circunstancias que impidan el normal desarrollo de la operación, como: asonadas, hostigamientos, bloqueos de la comunidad, cultivos ilícitos con Minas Antipersonal, MAP, o Artefactos Explosivos Improvisados, AEI, no disponibilidad de aeronaves, no disponibilidad del dispositivo de seguridad y condiciones climáticas adversas”, se lee en el documentos de condiciones del contrato.
Las asonadas contra la Fuerza Pública
Las asonadas contra las Fuerzas Militares también han aumentado en los últimos días. Por esta razón el Gobierno también estaría revisando las reglas de encuentro por parte de las Fuerzas Militares y las medidas de actuación de la Policía como respuesta a estos actos.
El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló en días pasados que su despacho se encuentra estudiando la manera en cómo algunos países vecinos ajustaron la normatividad operacional, esto con el fin de hacerle frente a este tipo de delitos que han sucedido en Colombia
