El Gobierno puso la lupa a las empresas de energía por el aumento de precio en las tarifas del suministro. Aunque ya han hecho algunas modificaciones e inspecciones, aseguran que se encuentran trabajando en ellas para brindar un precio más equitativo a los ciudadanos.
En estos momentos hay una fórmula de energía vigente, pero el Gobierno ya ha dejado claro que la idea es cambiarla y aunque ya radicaron el proyecto de ley, están ad portas que se logre, pues anteriormente han advertido que el modelo que está implementado en estos momentos en el país está obsoleto.
Previamente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, adelantó que ya están revisando cada uno de las componentes de esa fórmula y actualizando su metodología de remuneración.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, comentó sobre lo que están adelantando, mientras esperan la radicación de este proyecto que busca reducir la tarifa del costo del precio de energía para los colombianos.
¿Cómo va la actualización de la fórmula de tarifa energía?
Estamos en proceso técnico y normativo para ajustar la fórmula tarifaria para mayor equidad y estabilidad en las tarifas.
La Creg y el Ministerio de Minas han trabajado en proyectos y conceptos técnicos (resoluciones y borradores) para actualizar factores de indexación y la aplicación de la opción tarifaria; el proceso continúa con audiencias y consultas públicas antes de la implementación definitiva.
¿Cuándo se definirá el futuro del cargo por confiabilidad?
El cargo por confiabilidad está sometido a revisión técnica y política. El ministerio ha planteado propuestas para modificarlo y la Creg ha avanzado en la definición de reglas y en la convocatoria a subastas para asignación de Obligaciones de Energía Firme (periodo 2029-2030).
La decisión final resultará de la combinación de propuestas del Ministerio, pronunciamientos de la Creg, diálogo con gremios y el trámite regulatorio de subastas; por tanto, su futuro se irá definiendo en los próximos meses durante las fases de subasta y los debates regulatorios.
¿Cuándo van a presentar la ley de servicios públicos?
El Gobierno ha venido preparando un proyecto para modernizar el régimen de servicios públicos. El borrador y los documentos técnicos están listos y la hoja de ruta contempla su radicación y discusión en el Congreso conforme a los tiempos legislativos; previamente se han publicado anteproyectos y exposiciones de motivos para alimentar el debate público. El proceso legislativo depende del ritmo del Congreso y de los tramites de ponencia y debates.
¿Cómo está la infraestructura del país para atender la demanda de gas y energía?
Recibimos un sistema energético con serias brechas acumuladas por años de planeación insuficiente. Gobiernos anteriores no priorizaron la expansión oportuna de infraestructura estratégica, ni en gasoductos, ni en plantas térmicas, ni en sistemas de transporte de energía, lo que nos dejó con un margen operativo estrecho ante eventos como mantenimientos o disminuciones de oferta.
Hoy, realizamos inversiones en mantenimiento y ampliación de la regasificadora Spec, impulsamos proyectos de interconexión de gas entre el interior y la Costa Caribe. Aunque el sistema aún opera con tensión, hoy existe un Gobierno que está invirtiendo para garantizar el abastecimiento energético de todos los colombianos.
En medio del mantenimiento a Spec se incrementaron las alertas de posible racionamiento de energía; ¿este escenario puede repetirse?
Estos mantenimientos se hacen de manera rutinaria anualmente aproximadamente por esta época y se vienen realizando desde el 2016 que existe la regasificadora. La falta de acción de gobiernos anteriores, haber puesto todos los huevos en la misma canasta, confiarse en el gas de Córdoba, no haber movido un dedo para activar el gas offshore y otras fuentes de importación, nos tienen en la estrechez actual.
¿En qué etapa está el plan de la compra de Monómeros?
El Gobierno ha avanzado en la evaluación técnica y la negociación (acuerdos de intercambio de información y visitas de verificación). Se busca la adquisición como política de seguridad alimentaria, pero la compra está condicionada a aprobaciones legales y, en particular, a la autorización o ausencia de bloqueo por parte de terceros. Licencias de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Ofac, u otras restricciones.
